Recientemente, un Juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a la entidad bancaria Banco Santander que proceda a identificar a los empleados de la entidad que se encargaron de la planificación y supervisión de la comercialización de obligaciones convertibles en el año 2007 bajo la denominación de Valores Santander.
En concreto, se ha solicitado que se identifique a los responsables de la Unidad de Control- División de Costes y Medios del Área de Operaciones y Servicios.
Dicha solicitud responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se cite a declarar como imputados a ambos cargos de dichas secciones.
Las investigaciones provienen de la querella presentadas en febrero de 2014 por 90 clientes del Banco Santander que alegaban una incorrecta comercialización del producto que les fue vendido como si fuera seguro y con un funcionamiento similar al de un plazo fijo cuando realmente lo que se perseguía por parte de la entidad bancaria era la adquisición por parte de los clientes de bonos convertibles que impedían a sus compradores recuperar el capital invertido.
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ordenó admitir a trámite la demanda interpuesta al contar con sospechas fundadas de que el banco no había suministrado convenientemente la información oportuna y necesaria sobre el producto, omitiéndose información sustancial y relevante como su naturaleza, características, condiciones y riesgos.
Es de señalar, que multitud de clientes de estos productos son personas de más de 80 años de edad que no pretendían especular con su dinero sino simplemente rentabilizar el dinero a plazo fijo de modo seguro.
En este sentido, las entidades financieras otorgaron amplias facilidades crediticias a sus clientes de cara a la adquisición de estos productos, pero tras producirse una importante bajada en el precio de las acciones, son muchos los inversores que han de afrontar la obligada compra de acciones encontrándose ante una situación en la que se han producido notables disminuciones en el precio de las acciones y por ello, son muchos los inversores que han de afrontar la obligada compra de acciones, produciéndose bajadas entre el 50% y el 75% de su valor de emisión y encontrándose además con la circunstancia de que han de devolver también el crédito solicitado para la adquisición de los bonos.
