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Dictada una sentencia que protege a las empresas frente la mala praxis bancaria

Dictada una sentencia que protege a las empresas frente la mala praxis bancaria
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El pasado 21 de enero, el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Gijón (Asturias) dictó Sentencia por la que protege y respalda jurídicamente la posición de las empresas frente la mala praxis bancaria.

Se reconoce la nulidad contractual por parte de empresas y de particulares que contratan productos Swap, quedando igualmente protegidos. En este sentido se están pronunciando las Sentencias más recientes.

La Sentencia declara nulo y sin efecto alguno el contrato de gestión de riesgos financieros suscrito entre una empresa y la entidad bancaria demandada en fecha 1 de marzo de 2007, procediéndose a la anulación de los cargos y abonos efectuados por la entidad demandada.

La Sentencia relata como agentes comerciales de la entidad demandada visitaron en varias ocasiones las oficinas de la empresa para ofrecerles 2 contratos. El primero, un contrato de crédito en cuenta corriente, y el segundo, un contrato ofrecido como “un producto gratuito que aseguraba el primer contrato contra la subida del Euribor, de manera que no notaría los cambios bruscos de tipos de interés”.

Dicha explicación hizo creer a la empresa que se trataba de un seguro que le cubriría de un elevado pago de intereses, por lo que la empresa consintió en suscribir este segundo contrato, que resultó ser un contrato de permuta financiera.

Acertadamente, la Sentencia analiza la falta de consentimiento válido prestado por la empresa como requisito esencial de todo contrato establecido en el art. 1261 del Código Civil. Por ello, establece:

«La formación de la voluntad negocial y la prestación de un consentimiento libre, válido y eficaz exige necesariamente haber adquirido plena conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones que en virtud del mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia relevante a la negociación previa y a la fase precontractual, en la que cada uno de los contratantes debe poder obtener toda la información necesaria para valorar adecuadamente cuál es su interés en el contrato proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si llega a prestar su consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga convencido de que los términos en que éste se concreta responden a su voluntad negocial y es plenamente conocedor de aquello a lo que se obliga y de lo que va a recibir a cambio».

 

Resalta el juzgador la complejidad del sector financiero, lo que conlleva la necesidad de procurar al consumidor de una adecuada protección tanto en la fase precontractual, a través de mecanismos de garantía de transparencia y de adecuada información, como en la fase contractual, a través de la normativa sobre cláusulas abusivas y condiciones generales.

Por ello, en relación a las condiciones particulares del producto financiero “clip” se establece en la sentencia que se trata de un contrato Swap o permuta financiera de tipos de interés, pese a que en ninguno de tales documentos se mencionan dichos términos, y sí, únicamente, la finalidad de optimizar la gestión de los riesgos financieros a que se ve expuesto el cliente.

En el interrogatorio de la Directora de la oficina de la entidad bancaria demandada quedó acreditado que ella no conocía como se explicó el producto al cliente, y llega a decir que para ello se sirven de un resumen en formato PDF de las condiciones particulares facilitado por la Sala de Tesorería.

Sin embargo, el cliente no recibe ningún otro documento previo de carácter informativo con indicación de las características principales del producto ofrecido, por lo que existe una ausencia de esa información completa y detallada.

Además, en la propia Sentencia se establece que la carga de la prueba del correcto asesoramiento e información en el mercado de productos financieros, en el caso de productos de inversión complejos, debe pesar sobre el profesional financiero, en defensa de los intereses de sus clientes.

Por ello se hace constar el distinto grado de diligencia exigible a cada una de las partes, ya que mientras la entidad bancaria es un comerciante experto que desarrolla habitualmente su actividad en el mercado financiero, la empresa no cuenta con personal cualificado con conocimientos financieros de alto nivel y capacidad y conocimiento técnico suficiente para discernir lo que representa un producto financiero de alto riesgo.

Queda plenamente acreditado que la empresa que promovió el presente procedimiento prestó el consentimiento por error, ya que la información facilitada por la entidad demandada no fue la necesaria ni suficiente.

Aunque el demandante no hubiera leído detenidamente el contrato, lo hizo debido a la confianza depositada en la entidad demandada, por lo que ello implica un claro abuso de confianza por parte de la entidad demandada. Así pues, la contratación por parte del representante legal de la empresa se efectuó sin entender el contrato que suscribía, por lo que el contrato es nulo de pleno derecho.