El pasado mes de julio finalizó el plazo para la solicitud de arbitraje de Bankia, y a fecha de 30 de septiembre de 2014, se habían contabilizado 182.951 solicitudes de arbitraje de aquellos clientes de la entidad Bankia que habían suscrito participaciones preferentes y obligaciones subordinadas correspondientes a la emisión del año 2009 de los cuales, 45.586 solicitudes, fueron rechazadas por el experto independiente (KPMG) nombrado por Bankia, mientras que 3942 solicitudes que resultaron favorables, han sido rechazados por el cliente.
En fechas recientes son muchas las quejas recibidas por clientes a quienes con un perfil claramente conservador, les ha sido denegado el arbitraje por no reunir los requisitos necesarios según los criterios del experto independiente, denegación que entendemos debe justificarse por parte de la entidad.
Aquellos clientes cuya solicitud les fue rechazada por el experto independiente, siguen disponiendo de la vía judicial para conseguir recuperar el importe invertido tanto en Participaciones Preferentes como en deuda subordinada, siendo que en la mayoría de los casos, el rechazo a la solicitud de arbitraje por parte del experto independiente, se debe a los rigurosos requisitos que el R.D 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero impuso como filtro de admisión.
Así, debemos recordar que los criterios de admisión que se establecieron en dicha normativa eran muy restrictivos, pues se exigía desde la ausencia de contrato, a la condición de menor de edad o incapaz, la ausencia de test,… criterios todos ellos claramente arbitrarios y que en muchos casos dejaban sin acceder al sistema arbitral a un buen número de afectados a quienes realmente se les había comercializado indebidamente un producto de riesgo.
Debemos indicar que la falta de cumplimiento de dichos requisitos por parte de los afectados, no reduce sus posibilidades de éxito en la acción judicial que a día de hoy tienen a su alcance, pues debemos recordar que el fundamento de las acciones pivota en torno a la ocultación dolosa de información y en concreto, a la ausencia de información clara y trasparente de los riesgos del producto, el ofrecimiento del producto como si de un depósito a plazo fijo se tratara así como la existencia de un claro conflicto de interés que se manifiesta con mayor claridad en las suscripciones realizadas a partir de 2010 fecha en la que la entidad colocaba las participaciones preferentes a un precio muy superior a su valor real, lo que implica haber fijado precios de manera ficticia en perjuicio de los clientes.
Por otro lado, en nuestra práctica judicial nos encontramos que en muchos casos los empleados de la entidad ofrecieron el producto como seguro por el hecho de que quien estaba detrás era la entidad Caja Madrid, influenciando con dicha información la decisión del cliente, cuando lo cierto es que dicho respaldo nunca equivale a ausencia de riesgos.
En definitiva, son notorias las irregularidades detectadas en la comercialización de la Participaciones Preferentes no sólo por parte de Bankia, sino también por parte de Catalunya Caixa y Novagalicia, lo que confiere a éste tipo de procesos elementos seguros sobre los que articular la nulidad de las suscripciones.
En este sentido, desde Navas & Cusi consideramos que todos aquellos afectados que les fue rechazado el arbitraje, tienen a día de hoy bastantes posibilidades de recuperar íntegramente las cantidades invertidas en su día así como los intereses devengados desde el desembolso.
Como abogados especialistas en la materia, les animamos a que acudan a nuestro despacho donde analizaremos la documentación que disponen y las posibilidades de éxito de entablar la acción judicial.
Nuestro equipo de abogados especializados en arbitraje y litigación están a su completa disposición para brindarle soluciones jurídicas efectivas y satisfactorias a sus problemas legales. Con una amplia trayectoria en el ámbito nacional e internacional, hemos resuelto con éxito una gran variedad de disputas comerciales y civiles en tribunales y procedimientos de arbitraje
