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La Ley de Segunda Oportunidad y el código de buenas prácticas bancarias, salida de muchas familias en situaciones extremas en la provincia de Málaga

La Ley de Segunda Oportunidad y el código de buenas prácticas bancarias, salida de muchas familias en situaciones extremas en la provincia de Málaga
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La provincia de Málaga ha sido una de las más castigadas por la crisis financiera. Por ello, los Juzgados han llevado a cabo, a instancias de las entidades bancarias, una media de cinco desahucios desde el inicio de la crisis financiera del país. Como ejemplo, en el año 2014, se llevaron a cabo por impago de la hipoteca la cantidad de  2.648 personas.

Por este motivo, muchas de las familias que están en riesgo de ser desahuciados actualmente, apoyan sus expectativas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias y en la Ley de Segunda Oportunidad. Por un lado, el mencionado Código permite llevar a cabo reestructuraciones en préstamos a familias sumidas en crisis muy importantes y, por otro lado, la Ley de Segunda Oportunidad, habilita a personas físicas a plantear acuerdos extrajudiciales de pagos, incluso existe la posibilidad de llevar a cabo el concurso para personas físicas, que permitiría reestructurar la deuda y hasta hacerla desaparecer.

En la provincia de Málaga, los lanzamientos llevados a cabo desde el año 2008 y hasta el 30 de junio de 2015 han sido de 13.244, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos no dejan lugar a dudas: se pasó de 812 lanzamientos hipotecarios en el año 2008 a 2.648 en 2014, el año en el que más maremoto financiero tuvo lugar en la provincia, con saltos importantes como el que se da desde los 1.344 de 2010 a los 2.210 de 2012. Durante los primeros 6 meses del año 2015, se han llevado a cabo 1.273 desahucios,  dando un respiro a tales datos, reduciendo a casi la mitad los del año anterior.

Este descenso también viene a colación de que muchas entidades financieras ofrecieron desde finales de 2012 periodos de moratoria de pago de dos años, por lo que se prevé que cuando estos concluyan se producirá un nuevo aumento.

En este sentido, el Secretario Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque, asegura que “los 19 juzgados de Primera Instancia de Málaga están hasta arriba y que hacen falta nuevas oficinas y más personal”, así como que, “ahora que les han atribuido las cláusulas suelo desde octubre pasado, el colapso va a ser mayor: la única solución es crear más órganos e implantar, de una vez, las nuevas tecnologías y que el papel cero y el expediente electrónico se lleven a cabo. Dejémonos ya de campañas publicitarias”.

Por este motivo y ante el nuevo repunte previsto una vez finalicen los dos años de moratoria previamente mencionados, desde Navas & Cusí Abogados insistimos en la necesidad de que los afectados tomen la iniciativa de asesorase a través de un despacho especializado, para conocer las posibilidades y novedades que las leyes otorgan en este tipo de procedimientos, y más aún después de las medidas garantistas impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras varias sentencias, así como en base a los cuerpos legislativos previamente citados.

 

Navas & Cusí Abogados