Con el presente artículo desde Navas & Cusí se pretende informar y en definitiva hacer llegar al público en general y a los afectados en particular, las últimas novedades surgidas en el ámbito de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas que fueron comercializadas indiscriminadamente por muchas de las Entidades hoy rescatadas.
Por ello, y habiendo transcurrido prácticamente dos años desde que Bankia recomendara y abriera el periodo para instar la solicitud de arbitraje entre sus afectados conviene informar que dicho proceso todavía sigue abierto y lo que resulta más flagrante de todo, sin resolverse. En este sentido y atendiendo a los últimos datos e informaciones proporcionadas por la propia Entidad, en un intento por aparentar la transparencia y la diligencia que no tuvieron en su momento, se puede comprobar como a día de hoy todavía quedan pendientes de resolver, véase en fase de tramitación, más de 2.000 casos, la mayoría de los cuales están a la espera del oportuno laudo de la Junta Arbitral Nacional, órgano por otra parte que en definitiva tiene la última palabra.
Así pues y tirando de retrospectiva y hemeroteca es fácilmente comprobable como el citado proceso arbitral, que recibió luz verde el pasado 19 de marzo de 2013 por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) debía estar ya concluido, y ello no porque lo digamos nosotros sino porque ese plazo fue el que hizo público el Sr. Goirigolzarri, presidente de la Entidad. En este sentido él mismo manifestó según sus previsiones que el proceso concluiría durante el primer trimestre de 2014. No ha sido así.
Con ello lo que se pretende demostrar no es sino que la vía más rápida, eficaz y paritaria para recuperar el capital “depositado”, tanto en preferentes como para la anulabilidad del canje o sustitución por obligaciones subordinadas, es la vía judicial. Y ¿por qué decimos que resulta la vía más paritaria? muy sencillo, porque el hecho de presentar la pertinente solicitud no implica automáticamente la admisión a trámite de la misma. A este respecto la consultora KPMG, encargada de efectuar la criba previa de las solicitudes, dejó prácticamente concluido su trabajo en febrero de este año, si bien excluyó a más de 250.000 solicitudes, véase ahorradores, viéndose los mismos por ende fuera del proceso de arbitraje.
Por todo ello se puede concluir, a raíz de los datos que la propia entidad ha suministrado, que el arbitraje lejos de ser la panacea no ha resultado útil ni para la mitad de los damnificados, personas a las que siempre les quedará por otra parte la posibilidad de reclamar su dinero ante los tribunales, eso sí tras una considerable pérdida de tiempo previa. En este sentido la idea o el fin último del arbitraje consistía en intentar compensar a las víctimas de las participaciones preferentes y de la deuda subordinada que desconocían, en el momento de suscribir el producto en sí, los riesgos inherentes de los mismos.
Y la vía judicial que dice de toda esta problemática, pues muy sencillo, los diferentes juzgados y Audiencias Provinciales han ido dando la razón lenta pero inexorablemente a la gran mayoría de los afectados que vieron frustradas, no solo sus expectativas de rentabilidad, sino su capital cuando fueron “engañados” para suscribir los conflictivos productos. Así las cosas, actualmente resulta cuestión incontrovertida el hecho que la información proporcionada por las entidades y que en adelante deberán proporcionar entre su clientela “no bastará con que sea imparcial, clara y no engañosa, sino que deberá incluir además y de manera comprensible información adecuada sobre los riesgos asociados a los productos que se comercialicen”.
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