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Sentencias favorables a las empresas frente a la mala praxis bancaria

Sentencias favorables a las empresas frente a la mala praxis bancaria
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Los Tribunales y Juzgados están actualmente dictando Sentencias que protegen a las empresas frente a la mala praxis bancaria.

Buena prueba de ello es la reciente Sentencia dictada por la Audiencia Provincial Nº 5 de Oviedo el pasado 27 de enero, por la que se estima parcialmente la demanda formulada por la empresa actora contra la entidad bancaria demandada.

Se declara la nulidad de los sendos contratos de permuta financiera suscritos por las partes en fecha 8 de marzo de 2005 con su consecuentes efectos restitutorios.

Los antecedentes del presente caso los encontramos en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, ya que dictó Sentencia desestimando íntegramente la demanda de la Sociedad Limitada contra la entidad bancaria. Sin embargo, la parte demandante recurrió la Sentencia en Segunda Instancia solicitando que los contratos de operaciones financieras suscritos entre las partes sean declarados nulos de pleno derecho debido a:

  • El defectuoso cumplimiento del deber de información frente al cliente por parte de la entidad bancaria.
  • La falta de claridad en el clausulado.
  • La inclusión de términos inadecuados, poco precisos y claros.

Por el contrario, la entidad demandada basó su oposición al recurso de apelación en la inexistencia de error en el consentimiento prestado, argumentando cláusula del contrato sobre asunción de riesgos y ausencia de complejidad en el mismo. Igualmente apoya su argumentación en la teoría de los actos propios y en el hecho que la parte actora denuncia cuando el resultado es negativo para ella.

La Sentencia establece que el debate se centra en la declaración de nulidad por error fundada en la infracción por la entidad demandada del deber de lealtad y fidelidad al cliente y de proporcionarle adecuada y suficiente información. Por ello, parte del significado del contrato de permuta financiera estableciendo:

«Nos hallamos ante el conocido en la doctrina científica como contrato de permuta financiera en su modalidad de permuta de tipos de interés (en la terminología anglosajona, swap).

Es un contrato atípico, pero lícito al amparo del art. 1.255 C.C. y 50 del C. Comercio, importado del sistema jurídico anglosajón. Se caracteriza por la doctrina como consensual; bilateral, es decir, generador de recíprocas obligaciones; sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando cada una como causa de la otra); de duración continuada y en el que se intercambian obligaciones recíprocas.

En su modalidad de tipos de interés, el acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no real (nocional) los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante, denominados tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en realidad, acuerdo de préstamo de capital).

Las partes contratantes, de acuerdo con los respectivos plazos y tipos pactados, se limitan a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, simplemente, a liquidar periódicamente, mediante compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o acreedor».

Tras ello, analiza el derecho a la información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria, determinando que ésta es básica para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él (el cliente bancario).

Se debe hacerlo, principalmente, a través de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, y en la fase contractual, mediante la documentación contractual exigible. Para ello se apoya en la normativa bancaria, como es el art. 48 .2 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, art. 79 y 79 bis de la Ley de Mercado de Valores, Real Decreto 217/2008 sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversió, así como el art. 7 Código Civil en relación a la buena fe contractual.

Finalmente, la Audiencia concluye que ha concurrido error en el consentimiento prestado por la empresa, por lo que genera la nulidad de los contratos de permuta financiera suscritos por la empresa recurrente contra la entidad bancaria recurrida, debiéndose restituir las cantidades cobradas, en base a la exposición siguiente:

«El cliente del Banco es una entidad dedicada a la hostelería que buscaba con la contratación de las permutas de intereses protegerse frente a las fluctuaciones del mercado. El Banco tomó la iniciativa de la cancelación del contrato vigente y su sustitución por otros con distintas condiciones que él elaboró y decidió presentándolo a la firma del cliente, asumiendo así cierto papel de gestión de los intereses del cliente (si nos atenemos a como el director de la sucursal explicó la razón de tomar la iniciativa de la revisión del contrato vigente), lo que lleva a volver la vista hacia los descritos deberes de diligencia y transparencia que la normativa del mercado de valores exige de quien actúa en él a la par que colocaba al Banco en cierta posición de preeminencia frente al cliente, carente de la estructura que posee la entidad bancaria para valorar la oportunidad del cambio.

De otro lado, es evidente que ostentando el Banco su propio interés en el contrato, la elección de los tipos de interés aplicables a uno y otro contratante, los períodos de cálculo, las escalas del tipo para cada período configurando el rango aplicable, el referencial variable y el tipo fijo II, no puede ser caprichosa sino que obedece a una previo estudio de mercado y de las previsiones de fluctuación del interés variable (euribor).

Estas previsiones, ese conocimiento previo del mercado que sirve a una prognosis más o menos fiable de futuro, configura el riesgo propio de la operación y está en directa conexión, por tanto, con la nota de aleatoriedad de este tipo de contratos. Sin embargo, no fue esta información la que se puso en conocimiento del cliente antes de contratar.

De contrario, la información sobre el riesgo se limitó a las advertencias que se contienen al final del anexo de cada contrato y estas son insuficientes, pues se reducen a ilustrar sobre lo obvio: como se establecen como límite a la aplicación del tipo fijo un referencial variable, el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de ese tipo referencial.

Por el contrario, la información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la relativa a la previsión razonada y razonable del comportamiento futuro del tipo variable referencial. Sólo así el cliente puede valorar “con conocimiento de causa” si la oferta del Banco, en las condiciones de tipos de interés, período y cálculo propuestas, satisface a o no su interés.

Simplemente, no puede ser que el cliente se limite a dar su consentimiento, a ciegas, fiado en la buena fe del Banco, a unas condiciones cuyas efectivas consecuencias futuras no puede valorar con proporcionada racionalidad por falta de información, mientras que el Banco sí la posee».