Blogosfera Navas & Cusí

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Las protestas convocadas este pasado fin de semana para reclamar soluciones “efectivas” al fraude de las participaciones preferentes y otros productos tóxicos, ha abierto aún más el debate sobre los criterios con que la banca ha colocado entre sus clientes productos de inversión complejos en estos últimos años. 
Se calcula que sólo las participaciones preferentes habrían atrapado los ahorros de más de 700.000 consumidores en España, unos 30.000 millones de euros. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha anunciado que presentará demandas judiciales contra diferentes entidades financieras por lo que considera una “comercialización fraudulenta” de este producto.

La principal queja radica en la falta de adecuación del perfil del cliente con el tipo de inversión contratada. Muchos de ellos son pequeños ahorradores sin historial inversor a los que sus entidades financieras vendieron productos de alto riesgo que han perdido valor con la crisis o, en el caso de las participaciones preferentes, se ha cerrado el mercado interno donde cotizaban y ahora deben venderse en otra plataforma.

Algunos bancos y cajas han ofrecido a sus clientes canjear estas inversiones por otras de mayor liquidez, como acciones o deuda subordinada a vencimientos que pueden oscilar entre un y diez años, sin garantizar la totalidad del capital invertido inicialmente ni los intereses.
Por todo esto, ya han llegado las primeras demandas judiciales y se multiplican las plataformas de afectados. De hecho, ya existen resoluciones judiciales que resuelven reclamaciones y conceden indemnizaciones a los suscriptores de participaciones preferentes.
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