I. Introducción
La función pública europea comprende funcionarios y agentes contractuales de derecho público, regidos por el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, que establece los derechos y obligaciones de los empleados en relación con las instituciones europeas.
Esto incluye diversos derechos fundamentales, así como deberes cuya violación conlleva medidas disciplinarias, regulando el Estatuto también el régimen disciplinario en caso de violación de las obligaciones profesionales.
El Estatuto, fundamental en la función pública europea, regula las relaciones entre las instituciones y sus funcionarios, estableciendo derechos y obligaciones mutuas.
II. Estructura y contenido del Estatuto y obligaciones y derechos fundamentales
El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea se compone de trece títulos y nueve anexos, siendo el artículo 1 bis uno de los más destacados al definir a los funcionarios de las Instituciones de la Unión como aquellos designados para ocupar puestos permanentes. Estos funcionarios se dividen en tres grupos: Administradores (AD), Asistentes (AST) y Personal de Secretaría y Oficina (AST/SC).
Es importante destacar que el Estatuto prioriza la regulación de obligaciones por encima de los derechos. Estas obligaciones incluyen la independencia de los funcionarios, la preservación de la dignidad en el ejercicio de sus funciones, y el deber de confidencialidad entre otros. Respecto a los derechos, el Estatuto busca garantizar un trato justo a los funcionarios, para ello, establece normativas que aseguran la no discriminación, la
confianza legítima, una administración justa, los derechos de defensa y la protección de la vida privada.
III. El régimen disciplinario
El Estatuto también regula el régimen disciplinario en caso de incumplimiento de los deberes de los funcionarios europeos, ya sea de manera voluntaria o por negligencia, lo que puede resultar en sanciones disciplinarias.
El régimen disciplinario, establecido en el Anexo IX del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, es un procedimiento administrativo que se inicia con una investigación para determinar la realidad de los hechos y las circunstancias de una presunta falta disciplinaria por parte de un funcionario
En esta etapa, el funcionario tiene derecho a estar informado de las investigaciones que le afectan. El OLAF también puede abrir una investigación administrativa en caso de un posible incumplimiento de los deberes profesionales. Posteriormente, el caso puede ser llevado ante el Consejo de Disciplina, un órgano consultivo paritario encargado de agotar los hechos y proponer sanciones al organismo competente.
El funcionario tiene el derecho de acceder a su expediente personal, presentar observaciones por escrito y ser asistido por una persona de su elección, incluido un abogado. Finalmente, el AFPN toma una decisión, que puede incluir sanciones proporcionales a la gravedad de la falta, como advertencias escritas, suspensiones, descensos de nivel o incluso la revocación del contrato en casos graves. La suspensión de un funcionario, en caso de falta grave, puede ser aplicada por la autoridad nominadora y debe resolverse definitivamente en un plazo de seis meses.
IV. Casos de éxito y conclusiones
El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea es un marco legal fundamental que rige las obligaciones y derechos de los funcionarios europeos. A través de este estatuto, se establecen claras pautas sobre el deber de los funcionarios, y el régimen disciplinario proporciona un proceso estructurado y equitativo para abordar cualquier incumplimiento de las obligaciones profesionales.
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