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Ley de Segunda Oportunidad

Navas & Cusí Abogados: Ley de segunda oportunidad ¿Quieres saber quién puede verse afectado y qué requisitos debes cumplir? Infórmate aquí.
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Refinanciación ley de segunda oportunidad. Exoneración de deuda

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, tiene por objeto, tal y como se recoge en su preámbulo, permitir que una persona física, a pesar de haber sufrido un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

¿Qué es la ley de segunda oportunidad y qué quien puede verse afectado?

Esta ley de segunda oportunidad, se basa en lo que llamamos “mecanismo de segunda oportunidad”, esto posibilita que una persona física o autónomo pueda llegar a conseguir la exoneración de la deuda que de otra manera no podría liquidar.

Por tanto, la ley de segunda oportunidad es una ley diseñada para que las personas físicas puedan dejar de hacer frente a deudas que de otra manera sería imposible que pudiesen liquidarlas.

De esta manera, esta ley pretende crear un mecanismo de pagos efectivo basado en la segunda oportunidad de las personas físicas, cuyo fin sea el de limitar el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil que dispone lo siguiente:

“Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.”

En la propia Ley, se abarcan en primer lugar una serie de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera de las familias y empresas, contenidas en su totalidad en el Título I, siendo éstas por ejemplo la flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pagos, o la previsión de un verdadero mecanismo de segunda oportunidad, con la finalidad todo ello de flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulación a los acuerdos de refinanciación contenidos en la Ley Concursal.

El ámbito de aplicación de estas medidas como ya hemos avanzado, se ve extendido a personas naturales, pudiendo tratarse de empresarias, no empresarias, e incluso también ampara a unidades familiares en situación de insolvencia.

Por otro lado, se potencia la figura del mediador concursal, que ejerce una labor de intermediario entre el deudor y los acreedores. Además, su ámbito de actuación se ha visto ampliado, pudiendo actuar en Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, en los supuestos en que el deudor sea empresario, o ante los Notarios, para el caso de que el deudor sea persona natural no empresaria, las cuales además gozarán de un procedimiento simplificado amparado en la propia ley.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

El ámbito de aplicación de estas medidas se ve extendido a personas físicas, amparando también a autónomos y unidades familiares, que se encuentren en una situación de quiebra económica que les impida hacer frente a sus deudas y cumplir regularmente con sus obligaciones.

Por lo tanto, el elemento más característico de esta ley es la instauración de un régimen de exoneración de deudas para aquellos deudores que sean personas físicas, siempre y cuando hayan actuado de buena fe, siendo este un requisito indispensable para que las disposiciones de esta ley les sean de aplicación.

La concurrencia de buena fe en el deudor, se traduce en el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Que el concurso no haya sido declarado culpable, esto es, que no haya mediado dolo o culpa grave al no haber el deudor solicitado el concurso voluntariamente. No obstante, el juez lo valorará atendiendo a las circunstancias concretas del caso.

2) Que el deudor no haya sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o falsedad documental dentro de los 10 años anteriores a la declaración del concurso.

3) Que haya celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores o al menos lo haya intentado.

4) Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios.

5) Que no se haya obtenido el beneficio de la segunda oportunidad en los diez últimos años.

6) Que no se haya rechazado una oferta empleo adecuada a la capacidad del deudor.

7) Que se acepte expresamente su inclusión en el Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

8) Que la estimación inicial del pasivo del deudor no supere los cinco millones de euros.

Dicho esto, se requiere que haya mediado buena fe en las conductas del deudor, siendo necesario que no se haya declarado concurso culpable, además de haber procurado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

A su vez, se exige que, previamente se liquide su patrimonio o se declare que el concurso ha concluido por insuficiencia de la masa. En los supuestos en que se den ambas circunstancias, el deudor podrá ver cómo sus deudas se ven exoneradas en el momento en que haya satisfecho en su totalidad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados, y al menos el 25% de los créditos concursales ordinarios, en el caso de que no haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.

Otra opción que se le da a este deudor de buena fe para el supuesto de que no haya podido satisfacer los créditos anteriormente mencionados, es que acepte constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un periodo de cinco años, quedando así reconocido el beneficio obtenido de la exoneración del pasivo insatisfecho. En este caso, el deudor quedará exonerado de manera provisional de todos sus créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, exceptuando los públicos y por alimentos. Si el deudor en ese periodo satisface las deudas no exoneradas o realiza un esfuerzo sustancial para ello, se producirá la liberación definitiva de las deudas.

El Real Decreto-ley 6/2012

Llegado a este punto, cabe mencionar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, donde se prevé un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, se incluye la definición de “umbral de exclusión” así como sus acepciones.

En este sentido, en su artículo tercero se dispone que, el umbral de exclusión se entenderá en los casos en los que los ingresos de los miembros de la unidad familiar, no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de catorce pagas.

Este límite será de cuatro veces el IPREM anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces el IPREM, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

A su vez, se requiere que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

Por último, cabe reseñar que, para apreciar la existencia de una situación de umbral de exclusión, se requiere además que, la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Este porcentaje podrá ser del 40% en supuestos especiales expresamente establecidos por la ley.

¿Qué fases existen para la obtención del beneficio de segunda oportunidad?

Acuerdo Extrajudicial de Pagos

La primera fase del procedimiento para el acceso a la segunda oportunidad exige, en primer lugar, intentar alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos en un plazo de dos meses. Este acuerdo tiene como fin resarcir las deudas contraídas por el deudor.

Por medio de este acuerdo, se negociará con los acreedores unas nuevas condiciones para poder devolver el dinero, teniendo en cuenta las necesidades básicas de la persona. Este procedimiento podrá llevarse a cabo a través de notario, que será quien proponga a un mediador concursal que facilitará las negociaciones, así como las comunicaciones entre el deudor y los acreedores.

Una vez planteado el acuerdo extrajudicial de pagos, para que este se considere aceptado, serán necesarias las siguientes mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo:

-Si el 60% del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos suscribe el acuerdo, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada. Con el respaldo de este volumen de pasivo, podrán acordarse quitas de hasta el 25% del importe de la deuda, mientras que las esperas no podrán superar los 5 años.

-En el caso de lograr el voto a favor del 75% del pasivo, podrán incrementarse las quitas más de un 25%, y acordarse esperas con un plazo de entre 5 y 10 años.

Una vez aceptada la propuesta por los acreedores, el acuerdo pasará a ser vinculante para las partes. Además, deberá ser elevado a escritura pública, lo cual supondrá el cierre del expediente que el notario hubiera abierto. A su vez, se procederá a la publicación de la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal, por medio de un anuncio que contendrá los datos de identificación del deudor, entre otros.

Resulta necesario remarcar que, la aprobación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, implica que, no se podrán instar ejecuciones contra el patrimonio del insolvente, lo que supone la imposibilidad de solicitar el embargo de sus bienes, quedando por lo tanto paralizada cualquier ejecución que estuviese en marcha en el momento de la aprobación del acuerdo.

En el caso de que no se alcanzase ningún acuerdo o este resultase incumplido o anulado, se iniciará la segunda fase para la obtención de la segunda oportunidad, llamada concurso consecutivo.

Conformidad con la ley

De conformidad con la ley, el concurso consecutivo podrá iniciarse a petición del mediador concursal, del deudor o de los acreedores ante el juez de lo mercantil. Si la solicitud de concurso fuere formulada por el deudor o mediador concursal, ésta deberá ir acompañada por una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación. Si, por lo contrario, el concurso fuese requerido por los acreedores, la presentación de una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación por parte del deudor será potestativo.

Una vez solicitado el concurso consecutivo, el juez, salvo justa causa, designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto de declaración de concurso.

Iniciado el concurso voluntario, el deudor deberá, en el plazo de audiencia conferido, presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso.

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión y dando por finalizada la fase de liquidación.

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos, cuya duración máxima será de cinco años, y tendrá por objeto resarcir las deudas no exoneradas, las cuales no podrán devengar intereses.

Transcurrido dicho plazo de cinco años fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso, esto es, al contrario de lo que ocurre con los acuerdos extrajudiciales de pagos, el beneficio de exoneración permitirá alcanzar quitas del 100 %.

Nuevas medidas de Orden Social

En otro orden de cosas, encontramos en el Título II de la Ley objeto de nuestro estudio, un apartado dedicado a las Medidas de orden social.

En dicho apartado, se pueden encontrar medidas en el ámbito tributario y de las Administraciones Públicas, medidas relativas al fomento del empleo indefinido, el empleo autónomo y la protección social agraria, y medidas en el ámbito de la Administración de Justicia.

En lo referente al Impuesto de Sociedades se exime de la obligación de presentar dicho impuesto a las entidades cuyos ingresos totales en el periodo impositivo no supere los 50.000 euros anuales, con ciertos requisitos (los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros al año, no se trate de partidos políticos…)

En lo referente a las Administraciones Públicas se realizan breves mejoras en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Respecto de las medidas relativas al empleo, se establece como incentivo novedoso la fijación de un mínimo exento de cotización empresarial por contingencias comunes a las Seguridad Social para todas las empresas que realicen contratos indefinidos a sus trabajadores. Concretamente, en los casos de contratación a tiempo completo, los primeros 500 euros mensuales de la base de cotización por contingencias comunes, quedarán exentos de la aplicación del tipo de cotización. Si la contratación fuese temporal, la cuantía exenta de cotización se reducirá de manera proporcional al porcentaje de reducción de jornada de cada contrato. Este beneficio en la cotización tendrá una aplicación de 24 meses.

A su vez, los trabajadores autónomos también han sido objeto de las mejoras practicadas por esta Ley. En concreto, se establece una bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar, que se manifiesta en la cuota del trabajador a la Seguridad Social.

Los trabajadores autónomos con derecho al acceso de esta bonificación, serán aquellos que carezcan de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce meses anteriores a la misma, siempre y cuando se contrate a un trabajador por cuenta ajena como prueba de esa intención de conciliar la actividad profesional y familiar.

Respecto a las medidas tributarias se desarrollan una serie de puntos encaminados a rebajar la carga fiscal de los colectivos especialmente vulnerables.

Por medio de la Ley de segunda oportunidad, se modifica la Ley 35/2006 de IRPF, para que su ámbito de aplicación ampare a más sujetos, extendiendo el incentivo fiscal a los que forman una familia monoparental con dos descendientes que convivan y dependan de él. A su vez, se declaran exentas las rentas que sean consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, siempre y cuando se hayan aprobado conforme a lo establecido en la Ley Concursal.

Por último, en relación con las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta modificación recoge la exención al pago de tasas para la interposición de escritos judiciales a las personas físicas, así como a las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

Ley de la segunda oportunidad | Beneficios

Esta regulación permite que, personas físicas sobreendeudadas tengan la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago acorde a sus posibilidades, por medio de un sistema asimilable al de concurso de acreedores de las empresas en quiebra, pero, en este caso dirigido a autónomos, particulares y unidades familiares.

Este sistema se adapta a cada caso concreto, y recoge exenciones para supuestos especiales, con el único finde de evitar que un fracaso económico empresarial o personal defina la situación económica del deudor de manera indefinida.

Somos especialistas en estas áreas de práctica