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El hecho de ser partícipes y formar parte de lo que se conoce como Unión Europea, hace que estemos sometidos al cumplimiento y aplicación del Derecho de la Unión Europea, el cual tiene prevalencia por encima de los marcos jurídicos de cada estado miembro.

Por ello, desde Navas & Cusí contamos con un departamento especializado en derecho de daños y responsabilidad frente al estado español por incumplimiento de la normativa comunitaria que se dedica al estudio, monitorización y defensa de derechos y causas ante las instituciones europeas y el Tribunal europeo en Luxemburgo.

¿Cómo afecta el incumplimiento de la normativa comunitaria al Estado Español?

Si bien es cierto que el poder legislativo de cada estado miembro tiene la obligación de transponer y adaptar la normativa comunitaria a nivel interno español, esta obligación de aplicación incumbe también a los jueces y tribunales cuando el primero aquí no lo hace.

Las Directivas comunitarias son normas de rango supranacional emanadas por las instituciones europeas, con el fin de armonizar y homogeneizar a nivel europeo el sistema legal de protección a sus ciudadanos. Para que tengan plena validez las Directivas comunitarias deben ser traspuestas mediante una norma legal a nivel interno en el transcurso máximo, normalmente, de dos años. Es decir, no tienen aplicación directa a la normativa española, en nuestro caso, sino que requieren que el poder legislativo español las transponga a nivel interno.

El hecho de que estas Directivas comunitarias no sean traspuestas en tiempo y forma por parte de las instituciones nacionales, deriva en que los ciudadanos puedan alegar la aplicación directa (el conocido “efecto directo o vertical”) de las mismas siempre que éstas le confieran unos derechos que la legislación nacional le está negando.

Es decir, la normativa comunitaria está reconociendo unos derechos a un ciudadano, pero la normativa no ha traspuesto esta normativa (por lo que podemos decir que teóricamente no está vigente a nivel nacional). Y es aquí donde el ciudadano puede alegar la aplicación de la Directiva. Pero no solamente esto: sino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que el ciudadano o consumidor pueda solicitar daños y responsabilidad patrimonial al Estado miembro que haya incumplido la monitorización y trasposición de la normativa comunitaria.

En nuestro caso particular encontramos varios casos donde este perjuicio o negación de derechos al ciudadano se ha dado: la defectuosa y tardía transposición de la Directiva 17/2014/UE por ejemplo, cuyo plazo improrrogable de transposición fue el 21 de marzo de 2016.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció y consagró el derecho al ciudadano a ser resarcido en la famosa sentencia “Francovich” en mayo de 1991 y recientemente, mediante sentencia de 28 de julio de 2016 ha asentado lo que ya se conoce como responsabilidad patrimonial frente al Estado por incumplimiento en la monitorización de la normativa comunitaria.

En caso de que los tribunales nacionales españoles no apliquen la normativa comunitaria cuando ésta es vinculante, los ciudadanos tienen derecho a ser resarcidos, solicitando y reclamando ante los mismos la aplicación de la misma y además daños por los perjuicios sufridos.

Asesoramiento y defensa legal en derecho de daños por incumplir la normativa comunitaria frente al Estado.

Desde Navas & Cusí ofrecemos asesoramiento en derecho de daños y asistencia jurídica en la reclamación frente al Estado en aquellos casos en los que se den todos los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si usted tiene reconocidos unos derechos en la normativa europea que no han sido reconocidos y/o respetados por las autoridades, instituciones y tribunales españolas, puede reclamar daños y perjuicios frente a España además de apelar el caso concreto ante las instituciones de la Unión Europea.

Asesoramiento en Derecho de daños y responsabilidad frente al estado español por incumplimiento de normativa comunitaria, contacte con nuestro bufete de abogados, experto en Derecho de la Unión Europea.