La polémica Ley de vivienda 2023 (Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda) que entró en vigor el 26 de mayo de 2023 sigue generando muchos cambios de tendencia en el sector inmobiliario. Podría decirse que, a fecha actual, la aplicación de la Ley ha tenido efectos negativos para todos los intervinientes en el sector inmobiliario, afectando especialmente a los propietarios y a los arrendatarios de viviendas.
En este sentido, cabe destacar también, que la medida adoptada por el Gobierno en el mercado inmobiliario con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio, tampoco ha ayudado a conseguir una estabilidad en el mercado de los alquileres. Recordemos que el Real Decreto Ley alarga la suspensión de los procedimientos de desahucios y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que supone un duro revés para los propietarios de inmuebles que no ven con buenos ojos que algunas situaciones se eternicen en el tiempo con prórrogas continuas.
Esta medida, junto las adoptadas en la Ley de vivienda 2023, hacen que el mercado inmobiliario se tambalee y empiecen a haber determinados cambios de actuación por los principales integrantes del mercado inmobiliario (inquilinos, arrendadores, intermediarios, etc). Podría decirse que la entrada en vigor de la Ley de vivienda 2023 ha tenido un efecto “cascada” que sólo el futuro dirá si ha sido positivo para el conjunto de la sociedad.
Así, por ejemplo, la incertidumbre que genera la aplicación de la ley a los propietarios de inmuebles-vivienda ha propiciado que la oferta de alquileres de vivienda haya disminuido de forma muy considerable, hasta tal punto que las dinámicas del sector inmobiliario han cambiado sus tendencias de una forma que no encuentra precedentes. Esto se traduce, claro está, en que los inquilinos tengan más dificultad para encontrar viviendas para arrendar.
Otro de los motivos por los que está cayendo en picado la oferta de alquileres, es porque, los propietarios, ante tal incertidumbre prefieren poner a la venta sus inmuebles, pues no tienen garantías de que en caso de impago de un arrendatario la solución que pueda encontrar para volver a alquilar su inmueble sea ágil y fácil.
Por otra parte, no debemos olvidar que en este escenario (el alquiler de viviendas) intervienen también las agencias inmobiliarias, quienes han notado seriamente las consecuencias negativas de la aplicación de la ley, ya que al haberse trasladado los honorarios del inquilino al arrendador, se ha propiciado que los propietarios tiendan a buscar aquellos intermediarios que cobren menos, generándose con ello una guerra de precios entre las agencias inmobiliarias respecto a sus operaciones de alquiler de viviendas.
En vista de que sólo a pocos meses de la entrada en vigor de la Ley de vivienda 2023 se ha producido tal cambio en el sector inmobiliario, sólo cabe esperar que se tomen medidas por parte del legislador que ofrezca una mayor seguridad jurídica especialmente en el sector de arrendamientos y que garantice de forma eficaz la ampliación de la oferta de alquiler y equilibrar los precios.
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