En la actualidad existen múltiples familias en nuestro país afectadas por las condiciones económicas a las que España intenta hacer frente desde hace años. Consecuencia de ello, muchos ciudadanos se encuentran en situaciones dramáticas viendo como, por ejemplo, los bancos adquieren –se hacen- con sus viviendas y les obligan a abandonarlas por no poder solventar sus deudas con éstos o no poder pagar alguna cuota mensual de las hipotecas concertadas con los mismos.
Ahora bien, dentro de este panorama, en junio de 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea otorgó un “rayo de luz” a esta situación, al manifestar que si un contrato hipotecario, originario de la correspondiente ejecución hipotecaria y desahucio, contenía cláusulas abusivas, dicha ejecución debía ser paralizada.
El fundamento de esta decisión tomada por el TJUE es obvia, si un procedimiento es consecuencia de un contrato que contiene clausulas determinadas como abusivas por nuestros más altos tribunales tanto a nivel nacional como europeo, dicho procedimiento debe ser preventivamente paralizado hasta que el Juez nacional resuelva sobre la abusividad de su contenido. Otra decisión sería simplemente inaceptable y a todas luces sumamente perjudicial para el particular, quedando sus derechos fundamentales vulnerados.
En concreto, existen determinados Juzgados de la Comunidad de Madrid que por el momento han decidido no poner en práctica el Dictamen comentado, si bien en otras partes de España, por ejemplo la Comunidad Valenciana, su poder judicial sí que está al día en esta materia y acata lo dispuesto por el TJUE.
Los perjudicados por la inactividad judicial no ven más solución que presentar los correspondientes escritos de queja ante el Congreso, el Consejo del Poder Judicial o la Oficina Anti desahucio de Madrid. Sin embargo de momento no están obteniendo los resultados deseados.
Navas & Cusí Abogados.
