A través de la Comisión de Peticiones, el Parlamento Europeo adoptó el pasado 17 de septiembre una petición dirigida a la Comisión Europea con la finalidad de reforzar la vigilancia y aplicación de la legislación y controles vigentes a día de hoy en nuestro país en materia de contratación bancaria, con el objetivo de prevenir, en la medida de lo posible, situaciones abusivas muy frecuentes en nuestro país por parte de las entidades financieras frente a los consumidores.
Una pregunta oral formulada ante la comisión ha sido el antecedente directo de esta iniciativa en post de la protección de los derechos de los ciudadanos. Estas preguntas orales forman parte del sistema de control, informalización y fiscalización del gobierno. En este caso en cuestión, la pregunta planteada giraba en torno a la aplicación y vigilancia de la legislación y prácticas bancarias en España, y a raíz de la contestación es cuando se inició la redacción de la petición oficial para solicitar que se incremente ésta vigilancia y seguridad.
La cuestión en sí buscaba la armonización, eficacia y la monitorización en la aplicación del Derecho de la Unión Europea en los sistemas legislativos de los distintos países miembros, y especialmente, en relación a la aplicación en nuestro país sobre “la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la Unión Euros: el caso España”.
La posterior petición formal que se realizó a raíz de la pregunta el pasado 17 de septiembre del año en curso abarcaba desde el ámbito de la aplicación estatal de la legislación y prácticas bancarias hasta la solicitud de aplicar directamente por las distintas entidades financieras estos principios. Además se les solicitaba que durante este año 2015 y los sucesivos, procurasen evitar el mayor número posible de desahucios sobre todo cuando de viviendas familiares se trata, y se alerta también de que el gobierno debe garantizar la aplicación de estas prácticas y normas comunitarias en el territorio nacional de acuerdo con lo dispuesto por el Derecho de la Unión Europea.
Otro de los puntos fuertes de esta petición, dentro del ya conocido Código de las Buenas Prácticas Bancarias, es la de la mejora del tratamiento de las deudas hipotecarias, apartado este que va estrechamente ligado a la solicitud formulada a los Bancos de evitar en la medida de lo posible el mayor número de desahucios, e instan a éstas entidades bancarias para que refuercen las prácticas de reestructuración de la deuda hipotecaria –como el mecanismo de la dación en pago que ha sido escasamente utilizado en nuestro país desde que se instaurase en el año 2012- encomiando al Estado la tarea de velar y garantizar los derechos de los ciudadanos.
En cuanto a los instrumentos financieros de riesgo, se hace explícita referencia a la complejidad de encontrar información útil y transparente sobre los mismos, lo cual supone una gran desventaja desde el punto de vista del consumidor, insistiéndose sobre todo en éste aspecto, para lo cual ya se han desarrollado los mecanismos necesarios pero éstos no son de aplicación plena en nuestro estado, y eso es lo que se reclama.
Navas & Cusí Abogados