Ante una crisis empresarial, la diferencia entre la supervivencia y el fracaso en ocasiones radica en la capacidad de anticiparse a la insolvencia y activar los mecanismos legales apropiados. Una intervención tardía no solo limita las opciones disponibles, sino que puede desencadenar responsabilidades personales para los administradores.
Entre las opciones disponibles, destacan la negociación extrajudicial con los distintos acreedores de la sociedad con el objetivo de conseguir una quita o un aplazamiento de la deuda. Cuando la refinanciación de la deuda ante los distintos acreedores (generalmente, entidades financieras) no resulta viable para la sociedad, o solo supone empeorar las condiciones de financiación de la misma, existen varias estrategias legales para proteger los activos empresariales y preservar la continuidad del negocio.
En caso de que alguno de los acreedores haya pretendido realizar su crédito ante los tribunales, existe la posibilidad de defenderse ante las posibles ejecuciones, negociando una quita de la deuda que permita la supervivencia de la sociedad. Esta estrategia requiere un análisis detallado de la posición de cada acreedor y una propuesta realista de pago que resulte más atractiva para el acreedor que la eventual liquidación de la sociedad. La negociación puede incluir desde aplazamientos de pago hasta reducciones significativas del principal adeudado. En paralelo, puede ser necesario implementar medidas para obtener liquidez como la venta de activos no esenciales o la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para poder hacer frente a toda o a parte de la deuda.
Otra opción, que puede realizarse en paralelo con la anterior, es hacer uso de los distintos instrumentos concursales que ofrece nuestro Ordenamiento Jurídico, entre los que destaca el preconcurso de acreedores, regulado por el TRLC, y que permite a la empresa, sin perder el control de la sociedad, solicitar una protección temporal ante los tribunales mientras negocia un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Este mecanismo suspende las ejecuciones durante un plazo determinado, otorgando a la sociedad la posibilidad de alcanzar un acuerdo viable. El preconcurso puede animar a los distintos acreedores a alcanzar un acuerdo, y evitar así soluciones más drásticas para la sociedad.
En caso de que el preconcurso finalice sin acuerdo, existe la posibilidad de declarar el concurso de la sociedad, lo que permite reestructurar ordenadamente las deudas bajo supervisión judicial. Durante el proceso concursal, se paraliza el devengo de intereses de las deudas concursales y se evitan las ejecuciones individuales, creando un marco estable para la reorganización. Esta opción puede finalizar con la liquidación de la sociedad.
El éxito de cualquiera de estas estrategias puede depender de contar con el mejor asesoramiento legal especializado. Desde Navas & Cusí, con más de 40 años de experiencia en el sector legal, somos abogados expertos en la reestructuración empresarial y en la protección de los activos de la sociedad. Analizamos la situación de tu empresa, definiendo la estrategia legal a seguir, acompañando a la sociedad en todo el proceso y negociando con los distintos acreedores con el objetivo de lograr la viabilidad de la sociedad.
