El 10 de mayo de 2023, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo aprobaron el Reglamento 2023/956, que establece la implementación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (en adelante, «MAFC») con el propósito de reducir las emisiones globales de carbono y respaldar los objetivos del acuerdo de París.
Esta iniciativa se enmarca dentro del paquete legislativo denominado «objetivo 55«, con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en al menos un 55% para 2030.
Consideraciones previas al Reglamento
Durante la elaboración del reglamento, se consideraron diversas alternativas para implementar el MAFC, incluyendo medidas tributarias. Sin embargo, debido a las dificultades prácticas que planteaban estas opciones, se optó por un enfoque basado en “derechos de emisión”.
Este enfoque requiere que los importadores obtengan la condición de «declarante autorizado», declaren las emisiones implícitas en las mercancías importadas, verifiquen estas emisiones a través de un verificador acreditado y adquieran los certificados correspondientes.
El MAFC se aplicará a las mercancías enumeradas en el Reglamento, que incluye sectores como cemento, electricidad, abonos, fundición, hierro y acero, aluminio e hidrógeno, cuando provengan de terceros países. Sin embargo, las mercancías procedentes de ciertos territorios quedan excluidas.
El mecanismo de ajuste en frontera por carbono en la UE
La U.E tiene un compromiso firme con el crecimiento económico sostenible y la lucha contra el cambio climático. Este compromiso ya se materializó con en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (RCDE UE), que buscaba internalizar el costo del carbono en los productos fabricados en la Unión.
Sin embargo, este compromiso conlleva el riesgo de que la producción se traslade a países con políticas climáticas menos estrictas, lo que se conoce como “riesgo de fuga de carbono”, y conduciría a un aumento de las emisiones totales de efecto invernadero.
Para abordar este riesgo, se aprobó el MAFC, que tiene como objetivo garantizar que los productos importados estén sujetos a costos de carbono equivalentes a los productos sujetos al RCDE UE, a través del enfoque basado en “derechos de emisión” detallado anteriormente.
El calendario de cumplimiento de estas obligaciones se divide en dos fases. Desde el 31 de diciembre de 2024 serán aplicables las disposiciones relativas a la solicitud y concesión de la condición de declarante autorizado. Durante un período transitorio (entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025), el importador deberá presentar ante la Comisión un informe trimestral sobre las mercancías importadas en el plazo de un mes desde la finalización de cada trimestre en que se hayan realizado importaciones, y la obligación de declaración de las emisiones será exigible por primera vez en 2027, respecto al año 2026.
Canarias, uno de los grandes perjudicados
La Consejería de Obras Públicas de Canarias busca una exención permanente de la normativa europea sobre el MAFC debido a su condición de región ultraperiférica, pues temen que esta normativa tenga graves consecuencias en el transporte y la economía de la región.
Argumentan que, a pesar de algunas excepciones temporales, Canarias no tendrá alternativas de transporte en el futuro. Además, destacan que infraestructuras portuarias cercanas exentas de esta normativa ponen en riesgo la competitividad de los puertos canarios y podrían provocar una caída en el tráfico y servicios en el corto plazo.
Abogados expertos en Derecho de la U.E con sede en Madrid
Como hemos visto, a través del nuevo reglamento se establecen nuevas obligaciones para los importadores y se busca asegurar que las importaciones estén sujetas a costos de carbono comparables a los productos fabricados en la Unión Europea. Estas obligaciones se implementarán en fases y deben ser consideradas con cuidado.
En Navas & Cusí, como abogados expertos en Derecho Comunitario y de la Unión Europea, con una oficina permanente en Madrid, estamos comprometidos en proporcionar asesoramiento jurídico especializado y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, ayudándoles a comprender y cumplir con estas nuevas obligaciones para garantizar su capacidad de importar en el futuro próximo.
