«Hasta aquí hemos llegado». Médicos de ejercicio libre en el sector privado iniciarán una ofensiva en septiembre para tratar de acabar con los «abusos» de las compañías aseguradoras al fijar los precios con los que retribuyen sus servicios y con el «cártel» que mantienen aquéllas junto a los grandes grupos hospitalarios en España.
Uno de los frentes que abrirá la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) será poner en conocimiento de los organismos reguladores nacionales la vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia al pactar las compañías presuntamente los precios.
A juicio de esta patronal, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Dirección General de Seguros no han actuado hasta ahora con el «celo y rigor necesarios» para evitar una situación de «abuso y cártel» por parte de las aseguradoras.
«La demostración es impresionante. No hay ninguna compañía que pague más allá de un euro de lo que paga otra» J. Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel
La organización también quiere denunciar la situación de «posición dominante» de las aseguradoras ante las autoridades europeas de Competencia, motivo por el que ha contratado a la oficina que tiene en Bruselas el bufete Navas&Cusí, despacho especializado en Derecho financiero bancario y Derecho de la Unión Europea, que ha logrado éxitos en reclamaciones relativas tanto a la cláusula suelo como al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
Según aprobó la asamblea general el pasado 17 de julio, Unipromel va a impulsar también demandas en la jurisdicción civil con las que pretenden recuperar las cantidades que han dejado de percibir al no haber actualizado las compañías desde hace años los baremos con el IPC.
Las reclamaciones también se dirigen contra las resoluciones contractuales sin justa causa y sin mediar preaviso y en demanda de las cantidades que los médicos de ejercicio libre han dejado de percibir al paralizarse durante el estado de alarma la actividad a fin de tratar de contener la transmisión de la covid-19.
En una carta enviada el pasado 1 de abril al Ministerio de Sanidad, Unipromel llamaba la atención sobre el hecho de que los facultativos tenían que seguir a disposición de las aseguradoras para atender urgencias mientras se habían desplomado «drásticamente» sus ingresos, sin poder acogerse a Expedientes Temporales de Empleo (ERTE) ni a despedir a trabajadores en la actual coyuntura. Mientras, las compañías continúan cobrando las pólizas a sus clientes.
