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La Unión Europea ha consolidado su sistema jurídico como un pilar clave para la armonización de las normativas entre sus Estados miembros. En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desempeña un papel fundamental pues no solo resuelve controversias entre instituciones europeas y Estados miembros, sino que también influye en la interpretación y aplicación de las normativas comunitarias en las legislaciones nacionales.

La principal función del TJUE es garantizar que el Derecho de la Unión se aplique de manera uniforme en todos los Estados miembros, evitando así interpretaciones dispares que puedan fragmentar el mercado único. Por ello, existen dos tipos principales de procedimientos ante el TJUE que tienen impacto directo en las legislaciones nacionales:

· Cuestiones prejudiciales: Permiten a los tribunales nacionales pedir aclaraciones al TJUE sobre la interpretación o validez de una norma de la UE. Las respuestas del TJUE son vinculantes para el tribunal que realiza la petición y, de manera más amplia, para todos los tribunales de la UE.

· Procedimientos por infracción: La Comisión Europea denuncia a un Estado miembro ante el TJUE por no cumplir con la normativa de la UE. Si el Tribunal falla en contra del Estado, este debe modificar su legislación para ajustarse a la sentencia.

Cuando el TJUE emite una sentencia en respuesta a una cuestión prejudicial, esta tiene un efecto inmediato en la interpretación de la normativa europea dentro del Estado miembro que planteó la cuestión. Los Tribunales nacionales deben aplicar la interpretación del TJUE en sus fallos, lo que puede llevar a la modificación de la legislación nacional o su interpretación.

En ocasiones las sentencias del TJUE no van dirigidas explícitamente a un Estado miembro, creando sus fallos, por tanto, precedentes interpretativos que pueden influir en la legislación y las decisiones judiciales de otros países de la UE.

El impacto de las sentencias del TJUE en la legislación nacional se ve reforzado por dos principios clave del Derecho de la UE:

· Primacía del Derecho de la UE: Establece que las normas comunitarias prevalecen sobre las legislaciones nacionales en caso de conflicto. Si una ley nacional contradice una normativa europea, la legislación nacional debe ser modificada o inaplicada.

· Efecto directo: Implica que los particulares puedan invocar directamente las normas europeas ante tribunales nacionales, sin necesidad de que estas sean transpuestas por una ley nacional.

Un ejemplo claro de este impacto es el pronunciamiento que realizó el TJUE el 4 de octubre de 2018 en el Asunto C-416/17 (Comisión Europea contra la República de Francia). Consideraba por primera vez que se había vulnerado lo dispuesto en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en la medida en que los tribunales franceses no promovieron cuestión prejudicial para clarificar las dudas interpretativas que se planteaban en el litigio nacional. Es decir, la conclusión alcanzada por el TJUE es que los tribunales nacionales tienen la obligación de plantear cuestión prejudicial en aquellos casos en los que puedan surgir dudas acerca de una interpretación errónea del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeña un papel crucial en la armonización del derecho en los Estados miembros, garantizando así la coherencia en la aplicación de las normativas comunitarias. Por ello, dada su complejidad, es esencial contar con abogados especializados en esta materia que comprendan plenamente el alcance de las sentencias del TJUE y su impacto en la legislación nacional para así garantizar que tanto ciudadanos como instituciones se beneficien de sus derechos en el marco del Derecho de la UE.

Si buscas asesoramiento especializado en derecho comunitario, Navas&Cusí te ofrece el respaldo necesario para asegurar que tu caso cumpla con las normativas europeas. Contamos con un equipo de expertos en derecho comunitario que entiende el impacto de las sentencias del TJUE en la legislación nacional.

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Navas & Cusí Abogados
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