El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que podría tener profundas implicaciones para el sistema judicial español, particularmente en lo que respecta a la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación con el Derecho de la Unión Europea. Esta decisión, emitida el 26 de septiembre de 2024 (sobre el asunto C-792/22), junto con las conclusiones presentadas por el Abogado General Athanasios Rantos el 11 de abril del mismo año, ofrece una nueva perspectiva sobre la interacción entre el derecho nacional y el derecho comunitario, abriendo la posibilidad de que los jueces ordinarios puedan, en determinadas circunstancias, no aplicar resoluciones del Tribunal Constitucional si consideran que estas son contrarias al Derecho de la Unión Europea.
Contexto y antecedentes del caso
La sentencia del TJUE surge de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal rumano en el contexto de un complejo caso de accidente laboral. El asunto en cuestión involucraba procedimientos paralelos en jurisdicciones administrativas y penales, donde se debatía la calificación de un suceso como “accidente de trabajo”. La peculiaridad del caso radicaba en que una sentencia firme de un tribunal administrativo, que había determinado que el incidente no constituía un accidente laboral, tenía fuerza de cosa juzgada ante los tribunales penales según la legislación rumana, lo cual impedía potencialmente la imposición de sanciones penales o civiles relacionadas con el incidente.
Las conclusiones del Abogado General: Un análisis profundo
El Abogado General Rantos, en sus conclusiones, abordó la cuestión desde la perspectiva del principio de efectividad del Derecho de la Unión. Rantos argumentó que, si bien los Estados miembros tienen autonomía procesal para configurar sus sistemas judiciales, esta autonomía debe ejercerse respetando los principios de equivalencia y efectividad del Derecho de la UE. En particular, el Abogado General enfatizó la importancia de garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia para todas las partes interesadas, sugiriendo que, en casos donde las partes civiles no hayan tenido la oportunidad de presentar pruebas ante el tribunal administrativo, deberían tener la posibilidad de hacerlo ante el tribunal penal, incluso si esto pudiera llevar a decisiones contradictorias entre diferentes jurisdicciones.
Implicaciones para el sistema judicial español
Aunque el caso no involucra directamente a España, las conclusiones del TJUE y del Abogado General tienen relevancia significativa para todos los Estados miembros de la UE, incluido el sistema judicial español. Las principales implicaciones que se pueden extraer son:
1. Reafirmación de la primacía del Derecho de la UE: El TJUE refuerza el principio de que el Derecho de la Unión prevalece sobre el derecho nacional, incluyendo las decisiones de los tribunales constitucionales, cuando existe un conflicto entre ambos.
2. Ampliación de las facultades de los jueces ordinarios: Se reconoce la capacidad y, en ciertos casos, la obligación de los jueces ordinarios de dejar de aplicar resoluciones de tribunales superiores, incluido el Tribunal Constitucional, si consideran que estas son incompatibles con el Derecho de la UE, siempre que se respete el principio de efectividad.
3. Protección contra represalias: El TJUE establece claramente que los jueces no pueden ser objeto de procedimientos disciplinarios por dejar de aplicar resoluciones del Tribunal Constitucional que consideren contrarias al Derecho de la UE, lo cual refuerza la independencia judicial en el contexto de la aplicación del derecho comunitario.
4. Énfasis en la interpretación conforme: Se reafirma la obligación de los jueces nacionales de interpretar el derecho nacional de manera conforme con las directivas de la UE, incluso si esto implica modificar jurisprudencia reiterada, lo cual podría tener un impacto significativo en la forma en que los tribunales españoles abordan cuestiones que involucran el Derecho de la UE.
5. Importancia del derecho de defensa y acceso a la justicia: Siguiendo las conclusiones del Abogado General, se subraya la necesidad de garantizar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad efectiva de presentar sus argumentos y pruebas, lo cual podría llevar a una reconsideración de ciertas prácticas procesales en España.
Desafíos y controversias
Esta sentencia y las conclusiones que la acompañan plantean varios desafíos significativos para el sistema judicial español:
1. Tensión institucional: La posibilidad de que los tribunales ordinarios puedan, en ciertas circunstancias, no aplicar decisiones del Tribunal Constitucional podría generar tensiones significativas entre los diferentes niveles del poder judicial.
2. Seguridad jurídica: Surge la compleja cuestión de cómo mantener la seguridad jurídica en un sistema donde las decisiones del Tribunal Constitucional podrían ser cuestionadas basándose en su conformidad con el Derecho de la UE, lo cual podría llevar a una mayor incertidumbre legal en ciertos ámbitos.
3. Formación judicial: Se hace evidente la necesidad de una formación más profunda y continua de los jueces en Derecho de la Unión Europea, para que puedan navegar eficazmente la compleja interacción entre el derecho nacional y el comunitario.
4. Potenciales conflictos normativos: Podrían surgir situaciones complejas donde la protección de derechos fundamentales a nivel nacional entre en
conflicto con interpretaciones del Derecho de la UE, requiriendo un delicado equilibrio por parte de los tribunales.
5. Reconfiguración de procesos judiciales: Siguiendo las observaciones del Abogado General sobre el derecho de defensa, podría ser necesario reconsiderar ciertos aspectos de los procedimientos judiciales para garantizar que todas las partes tengan oportunidades adecuadas de presentar sus casos, especialmente cuando diferentes jurisdicciones están involucradas.
Conclusión
La sentencia del TJUE, respaldada por las detalladas conclusiones del Abogado General Rantos, marca un hito importante en la evolución de la relación entre el derecho nacional y el Derecho de la Unión Europea. Para el sistema judicial español, esto implica una potencial reconfiguración de la relación entre los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional, así como un refuerzo del papel de los jueces ordinarios como garantes primarios del Derecho de la Unión Europea en el ámbito nacional.
El desafío que se presenta ahora es integrar esta jurisprudencia europea de manera que se mantenga un equilibrio delicado entre la supremacía constitucional a nivel nacional y la primacía del Derecho de la UE, respetando al mismo tiempo los principios fundamentales de seguridad jurídica y derecho de defensa. Este proceso requerirá sin duda de un diálogo constante y constructivo entre los diferentes niveles judiciales, una cuidadosa ponderación en cada caso concreto, y posiblemente, ajustes legislativos para acomodar esta nueva realidad jurídica.
En última instancia, esta evolución jurisprudencial subraya la naturaleza dinámica y en constante desarrollo del sistema legal europeo, y la necesidad de que los sistemas judiciales nacionales, incluido el español, se adapten continuamente para garantizar una protección efectiva de los derechos consagrados tanto en la Constitución nacional como en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
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