La pasada semana Abengoa alcanzó un principio de acuerdo con las entidades financieras integrantes del G6, es decir, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Bankia, Crédit Agricole y HSBC, así como los bonistas y proveedores, para salvar la entidad sevillana.
El plan estratégico pasa por recibir 1.200 millones de liquidez de los bonistas, evidentemente a cambio de un tipo de interés efectivo alto, en concreto del 18%, lo que le llevará a la renovación de las líneas de crédito que tiene recibiendo también avales por valor de 800 millones.
Los principales valedores de este acuerdo serán las entidades gestoras que adquirieron los bonos de Abengoa a precio muy bajo. Aquellos que pretendan inyectar liquidez, controlarán el 55% del capital de la entidad y el 35% será propiedad de los acreedores de la antigua deuda y el 10% restante se divide en el 5% de los que pongan los avales y el otro 5% de los actuales accionistas.
La Nueva Abengoa se comprometerá rebajar los costes generales de la compañía, de los 450 millones de euros en 2015 a los 246 millones en el 2018, siendo durante ese ejercicio cuando se prevé lograr un beneficio bruto de 180 millones de euros. Los nuevos créditos comenzarán su amortización al tercer y cuarto año, si bien es cierto que el 95% del total prevé ser devuelto en 2020, por lo que la antigua deuda se quedará en alrededor de 2.400 millones pagando un interés del 1,5%.
Precisamente por el arduo proceso de negociación, los asesores de Abengoa entienden que aunque progresa adecuadamente, no hay suficiente tiempo para cerrar el plan para el 28 de marzo, que es la fecha tope concedida para el pre concurso.
El convenio ha de ser aprobado por al menos tres quintas partes del pasivo, así como por los dueños del 75% del pasivo financiero y ha de contar con el visto bueno de varios comités. En los últimos días y según información derivada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el auditor de la compañía, Deloitte, deberá acreditar ante el Juzgado Mercantil que lleva el concurso, que cuenta con el respaldo del 60% de la deuda financiera.
Este respaldo será suficiente como para solicitar ante el magistrado un tiempo extra para presentar convenio, y acreditar la viabilidad contando con el quorum necesario, lo que supondría alargar hasta finales de abril el plazo estipulado.
Navas & Cusí Abogados
