Firme nuestra petición en Citizengo, para un sistema financiero eficiente y responsable. A continuación tiene nuestro decálogo de buenas prácticas bancarias:
- Manifestamos la necesidad social de un sistema financiero que intermedie entre los excesos y demandas de liquidez convirtiendo el ahorro en inversión.
- Su principal activo deberá ser pues ponderar el riesgo mediante cálculo actuarial, no la mera gestoría o el ‘macheo’ financiero y mucho menos las malas prácticas bancarias
- El sistema financiero debe ser regulado y solvente evitando crisis que nos afecten a todos y nos obliguen a rescates que además del coste monetario puedan suponer un daño moral
- Las nuevas tecnologías permiten desagregar la función de intermediación propiciando el contacto directo entre ahorradores e inversores. La regulación debe no sólo permitir sino fomentar dichas prácticas castigando a quien abuse o proporcione información falsa.
- La regulación del Banco de España y del BCE se ha revelado como eficaz para evitar riesgos innecesarios en entidades calificadas como sistémicas.
- La labor de supervisión del BdE ha sido alabada por todos diferentes organismos internacionales. Afortunadamente gozamos de unos inspectores altamente cualificados y de reconocido prestigio que sin embargo están sometidos a una disciplina que les merma su capacidad de obrar: sus informes necesitan siempre el refrendo del gobernador. Si los inspectores hubieran sido plenamente autónomos nos habríamos ahorrado gran parte de la crisis financiera.
- Los jueces y tribunales están realizando una labor ‘ex post’ de control de la actividad bancaria con imparcialidad e independencia, salvaguardando los legítimos intereses de los consumidores y usuarios frente a las malas prácticas bancarias.
- Igualmente, si la CNMV y el BdE gozarán de más medios humanos y materiales y de mayor autonomía en su actuación, nos ahorraríamos muchas de las malas prácticas. Para ello, tanto el gobernador del BdE como el presidente de la CNMV deben de ser personas de reconocido prestigio profesional, probada independencia política, rindiendo cuentas exclusivamente ante el Parlamento.
- Por su parte, las entidades deben de identificar a los profesionales que no ejercen su labor con los debidos estándares de profesionalidad, responsabilidad y diligencia con un sistema de sanciones que incluya la expulsión.
- Por último, son necesarias reformas legales que reflejen las garantías de las directivas europeas para consumidores y usuarios y eviten que -en caso de titulización- reclame quien no ostente la legitimidad activa.
