Es por todos conocido, debido al drama social y al revuelo mediático que ha comportado, las consecuencias que ha tenido la mala praxis bancaria sobre los consumidores y usuarios de la mayoría de las entidades financieras.
Pues bien, recientemente el Ministerio de Economía ha dado a conocer su nueva propuesta normativa para conseguir una mayor protección de los consumidores; se trata de la reforma de la ley hipotecaria, la cual ya ha sido remitida al Consejo de Estado para que posteriormente sea aprobada por el Consejo de Ministros. Con esta reforma el Gobierno pretende mejorar la situación de las familias que se encuentran en un difícil momento económico para protegerlos de los desahucios. Para ello, la normativa eleva los umbrales de impago para que el banco pueda ejecutar el vencimiento anticipado del préstamo, paso que precede a la ejecución hipotecaria. Con esta medida, la intención del ministerio es poder dar más margen a las familias para hacer frente al pago de la hipoteca cuando estén pasando una situación complicada. Esta nueva normativa del Gobierno ha perdido la ocasión de regular la dación en pago, ya que no se hace referencia a esta en la reforma, perdiendo una gran oportunidad para regular una opción fundamental para aquellos deudores que no pueden hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario y no les queda otra opción.
Otros aspectos destacables de la reforma de la ley hipotecaria sería la importante reducción en los costes de amortización anticipada del crédito, comisión que pasaría del 0,5% o del 0,25% que se aplica sobre el montante total del préstamo en la actualidad, al 0,5% durante los tres primeros años de hipoteca, reduciéndose hasta el 0,25% entre el tercer y el quinto año, y a partir de ese momento, no habría ninguna penalización. La gran novedad será que el cálculo se realizará sobre la cuantía amortizada y no sobre el total pendiente.
Los medios de comunicación le han dado mucho revuelo a la medida de la reforma que pretende reducir el coste de pasar una hipoteca de tipo variable a tipo fijo, pero aunque si supone una mejora de condiciones, lo importante es que la nueva normativa no obliga a aceptar el cambio, con lo que se tendrá que negociar con la entidad igualmente.
Estas son algunas de las novedades que introducirá la reforma de la ley hipotecaria, que aunque evidentemente supone un avance para la protección de los consumidores, a nuestro entender se queda muy corta, ya que apenas hace referencia a los puntos clave de las demandas por cláusulas abusivas que se interponen en los juzgados de todo el país a diario. Por ejemplo, en cuanto a los gastos de formalización de la hipoteca, la reforma no especificará quién debe pagar estos costes asociados, si el banco o el hipotecado, dejándolo a negociación de las partes. La reforma tampoco prohíbe las cláusulas suelo, con lo que, el estudio de las medidas propuestas por el ministerio nos hace pensar que la litigiosidad derivada de la contratación de préstamos hipotecarios seguirá en la línea que está en la actualidad.
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