En el presente artículo vamos a tratar de dar visibilidad al Recurso de Amparo, y exponer, de una forma sintética, la vinculación que tiene el mismo con el derecho de la Unión Europea, también conocido como Derecho Comunitario.
¿Qué es el recurso de amparo?
El recurso de Amparo es un mecanismo procesal para la protección de los Derechos Fundamentales, siendo estos concretamente los recogidos entre los artículos 14 al 30 de nuestra Constitución, así como también se trata de un mecanismo que se encarga de interpretar de manera objetiva la Constitución.
El mencionado recurso, se trata de una de las principales competencias que le son atribuidas al Tribunal Constitucional, por tanto, tal y como puede deducirse, dicho recurso se interpone directamente ante el mismo Tribunal Constitucional, que será también el encargado de resolver la controversia.
Así las cosas, podrán interponer recurso de Amparo, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y, lo que más nos importa aquí, cualquier persona, tanto física como jurídica, que se haya visto afectada por la violación de un derecho fundamental, de entre los mencionados más arriba.
¿Cuándo interponer un recurso de amparo?
Si bien es cierto, el recurso de Amparo constitucional puede interponerse sin que haya habido una vía judicial previa, lo más frecuente, y lo que vamos a analizar en el presente artículo, es la interposición del recurso de Amparo cuando sí que ha habido una reclamación judicial previa.
Anteriormente, cuando hemos mencionado que el recurso se podía interponer ante violaciones de derechos fundamentales, y en este punto debemos de concretar que dichas violaciones han de haberse producido en actos jurídicos, bien por omisión, o por actos jurídicos de los tribunales.
Es importante, tener en cuenta, que para la interposición de este recurso, se deben haber agotado todos los recursos judiciales, y el mismo tendrá la forma de demanda, la cual deberá ser presentada a través de procurador y abogado especializado en la materia.
¿Cuándo podemos hablar de recurso de Amparo por infracción de Derecho Comunitario?
Es ya sabido que el mundo está cada vez más globalizado, y que la influencia de la Unión Europea es cada vez más patente en nuestro país, siendo que la legislación, jurisprudencia, y doctrina europea, debe ser de aplicación en los procedimientos judiciales nacionales, debiendo la misma tenerse en cuenta desde las primeras instancias, pues de lo contrario, nos encontraríamos ante la violación de un derecho fundamental, tal y como explicaremos.
Así las cosas, el recurso de Amparo, ya no tiene las mismas características que le dio la legislación constituyente del año 78, y que fue modificada, posteriormente por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/20007, la cual a través de su articulado, establece los requisitos de admisibilidad sustancial, siendo el primero de estos requisitos la trascendencia constitucional.
A mayor abundamiento, y tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (año 2007), el Tribunal Constitucional comenzó a negarse a ser considerado un simple órgano judicial, es decir, una cuarta instancia más, y de alguna forma, llevó a cabo una serie de criterios para la admisibilidad, o inadmisibilidad, de los recursos de Amparo.
Uno de los supuestos que el Tribunal Constitucional más está utilizando para reclamar que los jueces nacionales no han cumplido con la normativa comunitaria, es la vía del artículo 24 de la Constitución Española, el cual establece que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Y en esta misma línea, la Ley Orgánica 7/2015, del Poder Judicial, obliga también a los Juzgados nacionales a aplicar y acatar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo este hecho el que obliga al Tribunal Constitucional a revisar esta normativa, si la misma no se ha llevado a cabo durante el proceso judicial.
Por tanto, a modo de resumen, el Tribunal Constitucional, a través del recurso de Amparo, y en base a las alegaciones hechas por la parte demandante, o recurrente, velará porque el derecho de la Unión Europea se aplique en el caso concreto del procedimiento judicial, evitando, en ese caso, la vulneración de derechos fundamentales y, más concretamente, del artículo 24 de la Constitución Española.
Para ello, es importante contar, primeramente, con un equipo de abogados especializado en derecho comunitario y de la Unión Europea, que conozcan tanto la normativa como la jurisprudencia, así como también es importante que el equipo de abogados tenga amplia experiencia en la interposición de recursos de Amparo.
En Navas & Cusí Abogados contamos con especialistas en Derecho Constitucional y de la Unión Europea que pueden ayudarle si ha agotado todas las vías judiciales y cree que se le han vulnerado sus derechos fundamentales.
