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La emisión de Valores Santander, en septiembre de 2007,  sirvió para financiar la compra de parte de la entidad holandesa ABN AMRO por parte del Santander, junto con sus socios británicos del Royal Bank of Scotland y los belgas de Fortis Bank.

 

Banco Santander captó en el corto periodo de dos meses un total de 7.000 millones de euros de un bono necesariamente convertible en acciones, convirtiendo a los acreedores en accionistas.

 

El atractivo del producto que hizo a un gran número de clientes sin experiencia financiera suscribirlo fue la alta rentabilidad del 7,3% el primera año y de Euribor más 2,75 puntos hasta su vencimiento en 2012.

 

El problema fundamental es que la conversión se hizo a un precio que no estaba predeterminado de antemano, y en el momento de la conversión, los títulos del Santander cotizaban casi a la mitad de su valor.

 

La propia CNMV el 18 de septiembre de 2008 publicó una advertencia sobre el producto y la rentabilidad de los Valores se encontraba en buena parte vinculado al desenlace de la operación, no estando asegurada la remuneración. Pero evidentemente, la gran mayoría de inversores conservadores-ahorradores no tuvieron acceso a esta información.

 

Es más, el 12 de abril de 2013 la misma CNMV multa a Banco Santander con 16,9 millones de euros -pendiente de recurso- por no informar adecuadamente a sus clientes, incurriendo en deficiencia importantes en la obligaciones de disponer de información necesaria sobre los clientes, de emitir instrucciones internas a los comerciales para, consultando las mismas, decidir quiénes podían ser destinatarios de los Valores Santander, y de proporcionar instrucciones a la red comercial para que llegara a los destinatarios de la comercialización adecuada información del producto que se les ofrecía.

 

Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide al juez de la Audiencia Nacional que cite a declarar como imputados a los directivos que fueron responsables de la Unidad de Control-División de Costes y Medios y del Área de Operaciones y Servicios, encargados de planificar y supervisar la comercialización de este productos a minoristas, por un posible delito de estafa. El juez ha requerido el banco para que los identifique..

 

El informe de la Fiscalía centra el objeto del proceso en la colocación y comercialización de los Valores, amparándose por un lado en el auto de la Sala de lo Penal que admitió a trámite la querella interpuesta por centenares de afectados “plantea la duda acerca de si al tiempo de mover la voluntad de los potenciales suscriptores del producto pudo existir el elemento del engaño”, lo que “obliga a practicar una mínima instrucción”; y por otro en el expediente de la CNMV y por otro en el hecho de que existiera “engaño”

 

El informe destaca además como, a pesar de la notable complejidad del producto, el 68% de los clientes que lo suscribieron formaban parte del segmento de banca de particulares, representando el 40% del total de la emisión, entre los que incluso se encuentran personas de avanzada edad prácticamente analfabetas.

 

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