El auge de la tecnología blockchain ha abierto nuevas formas de financiar proyectos empresariales que estaban reservadas a grandes inversores o requerían pasar por intermediarios tradicionales. Una de las más interesantes es la tokenización de activos, lo que supone convertir los derechos sobre un proyecto en tokens digitales que cualquier persona puede adquirir desde cualquier parte del mundo.
Entonces, en lugar de buscar un único gran inversor o pedir un préstamo bancario, el proyecto se divide en pequeñas unidades digitales (tokens), y se ofrece a una comunidad de inversores. Quien adquiere un token obtiene, según cómo esté diseñado el proyecto, una participación en los beneficios o algún derecho vinculado a él. Esto democratiza la inversión, reduce intermediarios, agiliza las transacciones y permite entrar o salir de la inversión con mucha más flexibilidad que en la vía tradicional.
Antes de lanzar cualquier proyecto de tokenización, hay una distinción legal fundamental, no todos los tokens son iguales ante la ley. Existen los utility tokens, diseñados para dar acceso a un producto, contenido o servicio. Y existen los security tokens, que funcionan de forma similar a un instrumento financiero tradicional, porque lo que realmente ofrecen es una expectativa de rentabilidad económica.
Esta diferencia es fundamental, porque los security tokens están sujetos a una regulación mucho más exigente, folletos informativos, reglas de comercialización, intermediarios autorizados y supervisión por parte de la CNMV. El error más habitual que cometen muchos proyectos es presentarse como utility tokens cuando, en realidad, su naturaleza económica los convierte en security tokens. Las autoridades regulatorias, tanto en España como a nivel europeo, analizan la sustancia real del token, no cómo se llama. Las consecuencias de hacer esto mal pueden incluir sanciones graves para el emisor y pérdidas importantes para los inversores.
Ahora bien, una vez definido el tipo de token, hay varios aspectos legales que deben estar bien resueltos antes de salir al mercado.
El primero es el whitepaper o documento de proyecto, el cual es el texto que explica al inversor en qué consiste la iniciativa, qué derechos adquiere y cuáles son los riesgos. Su redacción debe ser precisa y cumplir con las obligaciones de información que exige la normativa europea. Un whitepaper mal elaborado o desactualizado puede derivar en conflictos legales y pérdida de confianza.
Otro aspecto fundamental es el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. Precisamente porque la tokenización permite captar inversores de todo el mundo, también puede ser utilizada de forma indebida. Es obligatorio implementar los controles adecuados derivados de las políticas KYC y AML.
A esto se suman la estructura societaria del proyecto, la fiscalidad de la operación, la protección de datos de los inversores y, en muchos casos, la necesidad de obtener la licencia CASP, que habilita a las empresas para operar con criptoactivos dentro del marco regulatorio europeo.
Además, una vez emitidos los tokens, el proyecto debe mantener el whitepaper actualizado, cumplir con sus obligaciones fiscales y de reporte, y monitorizar de forma continua cualquier actividad sospechosa.
La tokenización ofrece una oportunidad real para que empresas y emprendedores accedan a financiación de forma más ágil y global. Sin embargo, hay que actúar conforme a la regulación. Un proyecto bien construido sobre bases sólidas genera confianza, atrae inversores y crece de forma sostenible y segura.
En Navas & Cusí contamos con abogados especializados en blockchain y criptoactivos que acompañan a empresas y emprendedores en todo el proceso, desde la definición del token hasta el cumplimiento regulatorio. Si estás pensando en tokenizar tu proyecto, consúltanos antes de dar el primer paso.
