El informe financiero anual del año 2017 de la entidad Banco Popular, ha cifrado las reclamaciones de clientes recibidas a lo largo del año 2017 en 24.000. En total, ha recibido más quejas en junio de 2017 que en los dos ejercicios anteriores juntos. ¿El motivo? Está claro, la Resolución que tuvo lugar el pasado 7 de junio a través del mecanismo adoptado por la Junta Única de Resolución de la Unión Europea, y que ejecutó el FROB en territorio nacional. Pero lo más relevante de esta cifra, según consta en el informe del propio banco, es que sólo un 10% de los casos se resuelven a favor del cliente.
¿Implica esto que las reclamaciones que formulen los afectados por la venta de Banco Popular a Banco Santander por un euro vayan a tener el mismo porcentaje de éxito?
En absoluto. Y ello porque las reclamaciones que van a efectuar los accionistas y tenedores de Bonos, Deuda Subordinada o participaciones preferentes se harán en sede judicial, ante los Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil o de Instrucción dependiendo del tipo de acción que interpongan ya sea de carácter civil, mercantil o penal.
En cuanto a las reclamaciones de carácter civil, el tiempo se agota, pues si se ejercita una acción basada en la culpa extracontractual de Banco Santander de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.902 de nuestro Código Civil, el plazo para interponer la acción es de un año, esto quiere decir que la reclamación judicial se podrá interponer hasta el próximo 7 de junio de 2018. En este sentido, todos los accionistas de Banco Popular que quieran interponer una demanda de reclamación de daños y perjuicios por culpa extracontractual frente a Banco Santander por el daño causado a raíz de la compra del banco por un euro, deberán hacerlo antes del 7 de junio de este año para que no prescriba la acción.
Por ello, es previsible que si se estiman las reclamaciones interpuestas por los accionistas Banco Santander tenga que devolver millones de euros a todos aquellos tenedores de valores que fueron despojados de sus derechos el 7 de junio de 2017. Y es que como es lógico, quien deberá responder de las eventuales condenas que se deriven de todos los procedimientos será Banco Santander, en tanto que como adquiriente de Banco Popular, se subroga en todos los derechos y obligaciones del banco adquirido.
A pesar de que por parte de Banco Santander se esté preparando la estrategia para combatir la ingente cantidad de demandas a las que tendrá que hacer frente a partir del 7 de junio de 2018, lo cierto es que según fuentes del propio banco la adquisición ha resultado ser una buena operación para la entidad financiera. Y así ha quedado acreditado en la Junta de accionistas de Banco Santander que ha tenido lugar hoy.
Igualmente, ha señalado Patricia Botín actual presidenta del Grupo, que gracias a la operación se ha conseguido la estabilidad del sistema bancario español y europeo, pero no ha hecho mención alguna a la tormenta que se avecina con el caso Banco Popular, en el que cada día que pasa, se avanza más en la investigación de lo ocurrido la noche del 6 al 7 de junio y son más los afectados por la resolución que se suman a demandar a ambas entidades financieras. A Banco Popular y a la Junta directiva se le achaca la falta de información en las cuentas que no permitió advertir a los acciones lo que finalmente ha ocurrido, y a la entidad Banco Santander, un enriquecimiento injusto al haberse adjudicado uno de los bancos más “robustos” del sistema financiero español por la ridícula cifra de un euro, y lo que es peor aún, despojando a los clientes afectados de sus derechos.
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