Con la crisis generada por la pandemia del Covid-19, a través del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, se aprobó una línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros, para facilitar el mantenimiento del empleo, así como para intentar paliar los efectos económicos que se iban a generar con la mencionada crisis.
Con posterioridad, a través del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, se aprobó también una Línea de Avales, por importe de 40.000 millones de euros.
Estos avales se otorgaron, tanto a empresarios como a autónomos, a través de financiación concedida por entidades bancarias y financieras, y han sido más comúnmente conocidos como avales o préstamos ICO.
En este punto, y dada la situación en la que se encontraba el país, lo menos esperable era que las entidades bancarias utilizasen para la concesión de Avales prácticas abusivas. Si bien, la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia), cuya labor consiste en garantizar y velar por el correcto funcionamiento y la transparencia en la competencia de los mercados y sectores productivos, todo ello siempre en beneficio y protección de los consumidores y usuarios, tras una investigación, ha procedido a abrir un expediente sancionador contra varas entidades bancarias que comercializaban este tipo de avales ICO Covid. Concretamente, las entidades bancarias contra las que ha incoado el mencionado expediente sancionador han sido Bankia, S.A, Caixabank, S.A. (actualmente sólo Caixabank, S.A. tras la fusión de ambas), Banco Sabadell, S.A. y Banco Santander, S.A., es decir, las tres potencias bancarias de nuestro país.
Lo que en este momento se encuentra analizando la CNMC se trata de las condiciones que las entidades bancarias exigieron, tanto a empresas como a autónomos, para la concesión de las líneas de avales ICO Covid, siendo las mismas la vinculación de dichos avales a la contratación de otros productos bancarios, algunos incluso calificados como productos complejos, con los que, nuevamente, las entidades bancarias obtendrían un beneficio económico a costa de empresarios y autónomos con necesidades de conseguir una línea de aval lo antes posible.
Así las cosas, este hecho deja ver cómo, nuevamente, las entidades bancarias atentan contra la buena fe y el deber de diligencia que debe residir en sus actuaciones, más cuando se trata, como es el presente caso, de consumidores, siendo que así les denomina también la CNMC. Igualmente, es de destacar, el abuso de posición dominante con el que han actuado las entidades bancarias para la concesión de estos avales ICO Covid, aprovechándose de las personas que se veían en una situación de necesidad, y que accederían, sin tener conocimiento real de las consecuencias, a todo lo que les propusiese, o mejor dicho, impusiese, la entidad bancaria.
En esta misma línea, también la CNMC está estudiando el hecho de que, algunas de estas entidades financieras, a mayor abundamiento, han utilizado este tipo de avales para restructurar deudas financieras que las empresas y autónomos tenían con anterioridad al estallido de la crisis del covid-19.
Todo ello, debe ser tildado y calificado como un falseamiento de la libre competencia, la cual ha afectado al interés público, y por el que deben pagar las entidades financieras que están siendo investigadas.
En este punto, si usted, como empresario o autónomo, se ha visto en la necesidad de tener que solicitar una línea de aval ICO Covid, le recomendamos que se ponga en contacto con un despacho de abogados especializado en derecho bancario y derecho de la competencia, para que puedan ayudarle en la reclamación de este tipo de abusos que, nuevamente, las entidades bancarias han llevado a cabo con los más vulnerables.
