La digitalización ha impulsado el crecimiento económico y social, pero también ha aumentado las amenazas cibernéticas, haciendo de la ciberseguridad una prioridad, del mismo nivel que la seguridad física. El aumento de los ataques pone en riesgo la estabilidad del mercado, la confianza de los usuarios y la seguridad pública, lo que exige un marco normativo claro. En respuesta, la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) refuerza las medidas de protección en toda la Unión Europea, corrigiendo disposiciones previas y asegurando que tanto las empresas requeridas como sus proveedores tecnológicos cumplan con estándares de seguridad más estrictos.
La directiva NIS2 va más allá al exigir mayor ciberresiliencia, supervisión y cooperación transfronteriza, consolidando la seguridad digital como un requisito indispensable para la estabilidad del mercado y la protección de la economía. Por lo tanto, la gestión de riesgos en la cadena de suministro es ahora una obligación ineludible. Las empresas ya no pueden limitarse a exigir medidas de seguridad a nivel interno, sino que deben asegurarse de que sus proveedores también cumplan con altos estándares.
Para garantizar el cumplimiento normativo, es imprescindible que los contratos con proveedores tecnológicos incluyan cláusulas específicas de ciberseguridad. Entre los aspectos más relevantes se encuentran: las medidas de seguridad obligatorias, la gestión de incidentes, la supervisión continua, la protección de datos personales, la continuidad operativa, la asignación de responsabilidades en caso de incumplimiento y la capacidad de adaptación frente a la evolución tecnológica.
Un contrato bien estructurado no solo reduce el riesgo de responsabilidades legales, sino que también minimiza la probabilidad de incidentes cibernéticos que podrían comprometer la operatividad del negocio y derivar en consecuencias económicas significativas. Estos contratos deben contemplar, entre otras medidas, el uso de cifrado de extremo a extremo, la autenticación de varios factores y políticas claras de actualización y mantenimiento de software.
Otro aspecto crucial es la gestión de incidentes y la obligación de notificación. La normatividad establece que cualquier incidente de ciberseguridad debe ser reportado en un plazo máximo de 72 horas. Para ello, el contrato debe incluir una cláusula en la que el proveedor se comprometa a informar de inmediato sobre cualquier brecha de seguridad,
explicando su impacto y las acciones correctivas adoptadas. Este nivel de transparencia es esencial para que la empresa pueda reaccionar rápidamente y mitigar los daños.
La supervisión y el control continuo también juegan un papel importante en la protección de los datos y sistemas. Es recomendable incluir cláusulas que permitan auditorías regulares, evaluaciones de vulnerabilidades y acceso a documentación relevante sobre seguridad.
En cuanto a la protección de datos y privacidad, el contrato debe establecer reglas claras sobre el acceso y tratamiento de la información sensible. Es importante definir quién puede acceder a los datos, cómo se protegen y qué ocurre con ellos una vez finalizada la relación contractual. Para evitar riesgos, se debe garantizar que los datos sean eliminados o devueltos a la empresa cuando el contrato llegue a su fin.
El contrato debe incluir planes de contingencia y recuperación ante desastres, tiempos de recuperación garantizados y mecanismos de escalado en situaciones críticas. Una infraestructura tecnológica segura y bien gestionada permite que la empresa mantenga su operatividad incluso en caso de ciberataques o fallos en los sistemas de sus proveedores.
Desde el punto de vista financiero, es fundamental definir la responsabilidad y las sanciones en caso de incumplimiento. Los contratos deben especificar la responsabilidad del proveedor ante fallos de seguridad, así como los esquemas de indemnización por daños derivados de incidentes cibernéticos. También es recomendable incluir penalizaciones en caso de que el proveedor no cumpla con los estándares de seguridad establecidos, asegurando así un mayor compromiso con la protección de los datos y sistemas.
La adaptación de los contratos con proveedores para cumplir con la normatividad no es simplemente un requisito legal, sino una estrategia clave para garantizar la seguridad y estabilidad del negocio. Un contrato bien diseñado protege a la empresa de sanciones regulatorias, minimiza riesgos operativos y fortalece la confianza de los clientes y socios comerciales.
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