En virtud de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se viene a proteger a los trabajadores en cuanto a la libertad profesional y el derecho a trabajar, la igualdad ante el trabajo, y las condiciones de trabajo justas y equitativas, entre otros derechos. Como es bien sabido, esta carta magna es de aplicación a todos los Estados miembros de la UE, por lo que, podemos decir que existe una protección a los trabajadores proveniente de Europa.
En España en nuestra Constitución Española, ha sido de aplicación la Carta de Derechos Fundamentales y se recoge la protección de los trabajadores, así como la obligación por parte de los poderes públicos de aplicar políticas que garanticen la formación y la readaptación profesional.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estas dos normas protectoras de los trabajadores en España, así como de las instituciones que se encargan de proteger los derechos de los mismos, numerables veces se viene a incumplir estos derechos por las Administraciones públicas españolas. Prueba de ello es la serie de acontecimientos que se detallarán a continuación.
- Del abuso de temporalidad por las Administraciones Públicas
Tal y como se ha introducido, es notorio que, en abundantes ocasiones las Administraciones Públicas incumplen la obligación de protección de los trabajadores, como es el caso de los empleados públicos temporales en España. En esta ocasión, las Administraciones Públicas españolas han incumplido la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, la cual tiene como objeto mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el cumplimiento del principio de no discriminación, estableciendo un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de duración determinada.
Esta norma, al tratarse de una Directiva europea debía transponerse por cada Estado miembro, adaptando las medidas para evitar el abuso de temporalidad. Sin embargo, la misma norma fue transpuesta, pero no se introdujeron las medidas mencionadas, lo que ha provocado que las Administraciones Públicas españolas hayan abusado de la temporalidad de los empleados públicos temporales durante muchos años.
Y frente a este problema, ¿Cómo se protege a los trabajadores ante esta situación?. Gracias a la normativa que emana de la Unión Europea, la cual es aplicable a todos los Estados miembros, en caso de que la administración pública de un país miembro incumpla la normativa europea, se podrá acudir a la Comisión Europea con el fin de que, esta Institución abra un expediente disciplinario contra el país miembro infractor y se le obligue a cumplir con la normativa europea infringida.
En el caso mencionado, el despacho Navas & Cusí efectivamente interpuso una queja ante la Comisión Europea con el objeto de sancionar al Reino de España por el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y actualmente está siendo estudiada.
- Del reconocimiento de las cualificaciones profesionales
En otro orden de cosas, a demás de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, le es aplicable a los trabajadores el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual recoge la libre circulación de trabajadores, la libertad de prestar servicios, así como la libertad de establecimiento entre otros. Sin embargo, como en el caso mencionado anteriormente, las Administraciones Públicas españolas han impedido que los trabajadores españoles que han realizado sus estudios universitarios fuera de España y han vuelto a su país para desarrollar su profesión, no se les han reconocido las cualificaciones profesionales de conformidad con la Directiva 2005/36/CE. Por lo que, determinadas Administraciones Públicas españolas están vulnerando la mencionada Directiva y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo que, en este caso, desde el despacho, también se interpuso una queja ante la Comisión Europea por incumplimiento normativo.
Por otro lado, los trabajadores, en caso de dudas de aplicación de la normativa europea, también se puede acudir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para realizar consultas sobre la normativa a aplicar. Lo que en este caso, también hizo falta remitirse a esta institución para mayor defensa de los trabajadores perjudicados.
Tal y como se ha podido comprobar, existe normativa abundante en defensa de los trabajadores a nivel europeo y nacional, sin embargo, cuando estas normas son incumplidas por Instituciones públicas o de otra índole, se puede acudir tanto a la Comisión Europea como a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con el fin de obtener mayor protección y defensa.
