Un depósito o producto estructurado, como se concibió en su idea inicial, solía consistir en una estructura o cesta que se constituía con un depósito a plazo fijo combinado con una inversión en renta variable (bien a través de una cesta de acciones o un fondo de inversión). Hasta ahora la forma más habitual de articularlos era esta combinación de dos productos con un riesgo muy distinto, con los que se trataba de garantizar la inversión (con el depósito) y ofrecer un plus de rentabilidad (si tenía éxito la inversión en renta variable).
Sin embargo, los últimos productos que se están lanzando bajo esta o similar denominación, la mayoría de entidades ha suprimido esta dualidad y ha optado por vincular toda la inversión a la revalorización de un índice o unas acciones. De esta forma, el cliente puede obtener algo más de rentabilidad pero también se puede ir con las manos vacías a vencimiento, siendo cero la rentabilidad acumulada el vencimiento de estos productos.
En el mercado bancario en los últimos años, se han comercializado todo tipo de productos complejos a consumidores e inversores minoristas no cualificados para la adquisición de esta clase de instrumentos financieros. Adquirir un producto estructurado exige un alto conocimiento en materia financiera para poder comprender su funcionamiento, y exige además, un deber de información precontractual y contractual muy exigente por parte de las entidades bancarias con sus clientes, que en multitud de ocasiones no se cumple.
Recientemente tenemos la triste caída de una de las entidades considerada por muchos “la joya de la corona” del sistema bancario español, Banco Popular. Son muchas las especulaciones acerca del desmorone de la entidad, no obstante, lo que sí se está comprobando es que en los últimos años estamos asistiendo tanto a una revolución bancaria en materia de productos de inversión, que en ocasiones ha supuesto una gran pérdida para las propias entidades, puesto que la justicia está respondiendo con garantías a las reclamaciones de los consumidores, así como a una reestructuración del sistema bancario español, reduciéndose el mismo a unas cuantas entidades, lo que sin duda afectará a la libre elección del consumidor al existir una oferta menor.
El propio Banco Popular, en los últimos años ha comercializado una gran cantidad de esta clase de productos de alto riesgo, ofreciendo una comercialización del todo deficiente en cuanto a información se refiere. La vía de escape para el consumidor es, sin duda y lamentablemente, que las reclamaciones judiciales serán atendidas con garantías por la justicia española, pues al haber sido adquirido por otra entidad financiera, será ésta la que deba responder por la mala comercialización de los productos financieros que puedan ser objeto de reclamación. Europa también puede llegar a responder.
Desde Navas & Cusí, se advierte del riesgo de la adquisición de esta clase de productos por su a menudo alto porcentaje de pérdida de la inversión, así como resaltamos la falta información con la que suelen comercializarse a clientes minoristas los mismos, por lo que cabe concluir que debemos informarnos antes de contratar cualquier producto que ponga en riesgo nuestro patrimonio económico o el de nuestra familia.
