Como es sabido, el Derecho de la Unión Europea actúa según el denominado principio de supremacía del derecho de la Unión Europea.
¿Qué significa supremacía del derecho de la Unión Europea?
Ello conlleva que, desde que España forma parte de la Unión Europea -desde aquel entonces 1986- nos vemos vinculados a la normativa emanada por las instituciones europeas.
Esta normativa puede tener efecto directo (mediante, por ejemplo, los Reglamentos Europeos), o bien efecto indirecto (lo que significa que cada estado necesitará redactar y publicar una Ley que transponga las exigencias europeas escritas en Directivas).
De hecho, desde que un país decide formar parte de la Unión Europea, está aceptando que se apliquen una serie de normas que van encaminadas a homogeneizar el mercado económico del espacio europeo, así como crear, al fin, un sistema de regulación común que permita a todos los estados poder contar con un marco común.
Responsabilidad del Estado por incumplimiento de normativa comunitaria
Precisamente la vulneración del llamado principio de supremacía del derecho de la Unión Europea puede dar lugar a una infracción por parte del Estado. Ello significa que si un Estado -en nuestro caso, España- incumple un mandato legislativo europeo o bien lo traspone de forma incorrecta o tardía, de manera que pueda afectar negativamente o perjudicar tanto a un particular -consumidor-como a una empresa (en definitiva, los destinatarios de la norma), éste tendrá legitimación para instar el llamado procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, solicitando daños y perjuicios en todo aquello negativo que le ha podido afectar el hecho de que o no le apliquen (o se aplique defectuosamente), el derecho de la Unión Europea.
Este derecho viene reconocido ya desde el año 1991, en una ilustrísima sentencia emanada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como doctrina Francovich -Bonifaci, sentencia que especifica ya las condiciones y requisitos que debe cumplir un asunto para que se pueda dar este derecho de reclamación de daños y perjuicios; sentencia que ha sido ratificada por el mismo tribunal en un sinfín de sentencias posteriores.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como máximo garante de la normativa europea
El máximo órgano jurisdiccional encargado de la correcta interpretación de la normativa de la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, situado en Luxemburgo.
Cuando un juez o tribunal de un estado miembro, tiene una duda de interpretación de la norma interna con la normativa comunitaria, éste puede hacer uso de la llamada cuestión prejudicial, que es la forma legal que dispone la normativa para que el juez pueda elevar al Tribunal de Luxemburgo sus dudas legales y éste pueda, en ultima instancia, guiar al Juez como tiene que aplicar su interpretación.
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