Ser de ciudadano de la Unión Europea, es decir, ser nacional de cualquier Estado miembro, o tener la residencia o domicilio social en un Estado miembro brinda la posibilidad de acudir a las instituciones comunitarias –sin perjuicio de la protección ofrecida por los órganos nacionales del Estado miembro- para la defensa de nuestros derechos y libertades.
En este artículo analizaremos algunas de estas posibilidades:
Plantear una petición ante el Parlamento Europeo
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 227) garantiza a cualquier ciudadano de la Unión, y cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, el derecho a presentar, ante el Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición relativa a cuestiones que incidan en el ámbito de actuación de la Unión Europea y que le afecten directamente.
Las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo -que pueden ser tanto reclamaciones como solicitudes de actuación- son examinadas por la Comisión de Peticiones parlamentaria.
Esta Comisión de Peticiones deberá valorar si la petición cumple con las condiciones ya señaladas para admitirlas, y, en tal caso, podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas:
- Solicitar a la Comisión Europea que haga una investigación preliminar sobre la petición e informe de si se respeta o infringe la legislación de la Unión;
- Trasladar la petición a otras comisiones del Parlamento Europeo para que sean éstas las que informen o inicien otras actuaciones en el marco de sus concretos ámbitos de actuación;
- Si la petición hace referencia a un caso específico que requiere atención especial, contactar con las autoridades competentes o intervenir a través de la representación permanente del Estado miembro en cuestión;
- Adoptar las medidas que considere adecuadas para resolver el problema o responder a la petición.
Debe tenerse en cuenta que la Comisión parlamentaria podrá dar por terminado el examen de la petición no sólo al decidir sobre su admisibilidad, sino en cualquier momento del procedimiento.
El peticionario será informado de todas las decisiones que se tomen respecto de su petición, la cual será pública desde su admisión.
Presentar una denuncia ante la Comisión Europea
Mediante esta vía pueden denunciarse las vulneraciones del Derecho de la Unión Europea que hayan cometido las administraciones de un Estado miembro.
Las denuncias deben ser presentadas mediante la cumplimentación de un formulario oficial y la Comisión Europea lo estudiará en un plazo de 12 meses (que puede ser ampliado en casos de complejidad), en el que decidirá si abre o no un procedimiento formal de infracción contra el Estado miembro de que se trate.
En el caso de que la Comisión concluya que el Estado miembro no cumple con las obligaciones que le impone la legislación de la Unión Europea, podrá enviarle un dictamen motivado (una petición formal) para que cumpla con dicha legislación.
Si el Estado miembro no atendiera a su dictamen, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pudiendo solicitar del Tribunal que imponga sanciones al Estado infractor. La confirmación, por parte del Tribunal de Justicia de que existe tal infracción, será obligatoria para el Estado miembro, debiendo tomar medidas para ajustarse a la Sentencia de la autoridad judicial europea.
En Navas & Cusí abogados estamos especializados en Derecho Comunitario y de la Unión y estamos a su disposición para atenderle y asesorarle respecto de cualquier duda que tenga sobre el planteamiento y procedimiento de una reclamación ante las instituciones comunitarias, así como durante su procedimiento. Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando nuestro formulario de contacto o llamando al 915 76 11 50
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