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Durante el transcurso de las pasadas jornadas del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General del Notariado – en marzo de 2015-, el subsecretario de Justicia, Áurea Roldán, destacó en sus declaraciones la nueva política sobre el control de las cláusulas abusivas en la contratación e incremento de la transparencia de los contratos.

La mencionada política de control de transparencia y cláusulas abusivas será, presumiblemente, regulada por Ley, y llevada a término por el Cuerpo Notarial. Esto significa que serán los propios Notarios los que de oficio deberán corroborar que no existan cláusulas abusivas en los contratos de los que den fe.

El control de transparencia de los contratos es un ejercicio todavía en vías de desarrollo en España, pese a la falsa sensación de seguridad que puede dar nuestra normativa actual, y es una cuestión que preocupa –según se deduce de la jurisprudencia reciente- tanto a nivel comunitario (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) como a nivel nacional (Tribunales Supremos).

Este control notarial basará en la posibilidad real que tendrá el Notario de rechazar y denegar la autorización de un contrato firmado entre un profesional y un consumidor o usuario. El rechazo o la denegación podrán ser sobre el documento total o solo en aquello que afecten la referida cláusula o cláusulas abusivas.  Como consecuencia; el Registrador correspondiente no podrá registrar el acto que haya sido denegado por el Notario.

Existen dos presupuestos para que se dé el rechazo notarial al que aquí hacemos referencia:

  • Que nos encontramos dentro del ámbito de contratación de los consumidores y usuarios.
  • Que exista una o varias cláusulas abusivas – se considerarán abusivas de conformidad con la actual legislación nacional y europea así como a tenor de las resoluciones y jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo-.

De este modo se procura –desde el Consejo General del Notariado y el Consejo General del Poder Judicial- incrementar la transparencia y seguridad contractual en el ámbito de las contrataciones con consumidores y usuarios.

 

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